El 16 de diciembre vence el plazo para incluir Ley de Víctimas en Planes de Acción Territorial

Bogotá, 6 de septiembre de 2012.- El Ministerio del Interior reitera que el 16 de diciembre de este año es el plazo máximo para que Alcaldes y Gobernadores incluyan en sus Planes de Acción los lineamientos que contemplen proyectos de prevención, protección, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

 

El plazo es fijado por medio del decreto 1725 de 2012 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que da cumplimiento a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta norma entrega una alta responsabilidad a las entidades territoriales en lo que hace referencia a la aplicación de los planes de acción de atención a las víctimas en cada región, según la oferta pública nacional y territorial.

A la fecha, el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad de Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, han realizado 54 talleres territoriales en los cuales han capacitado a 600entidades territoriales.

El objetivo de esta política pública, que están formulando las entidades territoriales, es que sean presentadas en los presupuestos ante las asambleas departamentales y los concejos municipales para que les aprueben las líneas de atención a esta población y sean ejecutados durante el año 2013.

El Gobierno Nacional tiene establecido dentro de su marco fiscal de mediano plazo 54 billones de pesos para atender a las víctimas del conflicto armado en un tiempo de diez años. Por ello, es importante que las entidades formulen sus proyectos para que los recursos puedan ser destinados de una manera focalizada y regionalizada a las necesidades particulares de las víctimas que están en cada una de las jurisdicciones municipales.

Las agresiones continúan en contra de líderes y lideresas sociales y de Derechos Humanos

Como una forma de evidenciar y denunciar la continuación de las agresiones en contra de defensores(as) de derechos humanos, integrantes de los pueblos indígenas, sindicalistas, líderes reclamantes de tierras y víctimas de crímenes estatales, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, está convocando al acto simbólico: Las agresiones continúan…por la dignidad de las víctimas, el próximo 7 de septiembre de 2012, a la 1 p.m., en la Plaza Simón Bolívar de Bogotá

Defensores de derechos humanos | Bogotá D. C. |

Este acto se realizará con la presencia de delgados(as) regionales de las víctimas de crímenes estatales de todas las regiones del país y buscará poner en evidencia la falta de garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos en Colombia, en el marco del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En efecto, durante el gobierno del presidente Santos el Movice ha sufrido 186 agresiones por parte de paramilitares y agentes del Estado. Asesinatos, desapariciones forzadas, montajes judiciales, allanamientos, atentados, amenazas, seguimientos y otras formas de persecución se han utilizado como forma de intimidar a las víctimas.

Además, han sido asesinados 25 líderes reclamantes de tierras, 29 defensores y defensoras de derechos humanos, 54 integrantes de los pueblos indígenas, 58 sindicalistas.

El Movice exigirá la sanción penal y disciplinaria a los responsables de las continuas agresiones contra víctimas y reclamantes de tierra, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos y sociales; el desmantelamiento del paramilitarismo y depuración de las fuerzas militares y de los organismos de inteligencia del Estado; así como la suspensión de las actividades de inteligencia.

Así mismo, exigirá la publicación de los informes realizados por organismos de inteligencia para hostigar y desprestigiar a víctimas y reclamantes de tierra, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos y sociales; la renuncia de Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, por estar vinculado a acciones de inteligencia desarrolladas desde el Ministerio de Defensa y la derogación de la resolución 048 del 27 de julio de 2012, por restringir las medidas de protección para las víctimas y defensores(as) de derechos humanos.

Cómo vigorizar la Defensoría del Pueblo

Por Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ

Diario El Espectador, jueves, 23 de agosto de 2012

Categoría: Documentos y publicaciones / Columnas de la Dirección

Así como «la guerra es demasiado seria para dejársela a los militares», según decían Talleyrand y Clemenceau [1], la Defensoría es demasiado seria para dejársela a los políticos. La institución más cívica creada por la Constitución de 1991 debería ser una institución fuerte, que resonara cada vez que expresara los reclamos de la ciudadanía frente al abuso del poder.

Para eso se creó. Es una entidad estatal que no pertenece al Gobierno, y que tiene por mandato «la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos» (art. 282). Debería ser muy respetada, reconocida por toda la gente como una gran autoridad, y buscada por cualquier víctima como un sitio seguro de refugio y de apoyo. No parece que se perciba así.

En parte ello se debe al origen del nombramiento del Defensor o la Defensora. Su escogencia se hace en la Cámara de Representantes en función de cálculos de cuotas de poder. El Defensor no debería ser cuota de nadie, sino simplemente el tutor de toda la población.

Pero, además de ese origen político, una vez elegido el Defensor se encuentra aislado. Quienes acuden a él son los parlamentarios o las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los parlamentarios, para pedirle puestos en contraprestación por el voto que contribuyó a su elección. Las víctimas, para reclamar protección. Pero ni unos ni otras son un referente verdadero de su acción, que se manifiesta a través de resoluciones defensoriales o de informes de riesgo del sistema de alertas tempranas, entre otros importantes medios.

Para conjurar esa soledad, la ley reglamentaria de la Defensoría (ley 24/92) le creó un Consejo Asesor «integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de cada Cámara Legislativa, un representante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, un representante de las universidades privadas, un delegado de la Federación Nacional de Personeros y cuatro voceros de las Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los derechos humanos» (art. 32). Ningún Defensor lo ha puesto en práctica, aunque el primero de ellos alcanzó a designar los voceros de las organizaciones no gubernamentales.

El Defensor debería no solo poner en funcionamiento el Consejo Asesor, en cumplimiento de la ley, sino proponer una ampliación de sus integrantes y de sus funciones, de tal forma que la Defensoría fortaleza su desempeño con la orientación y el respaldo de la sociedad civil [2]. Con acompañamiento de la comunidad internacional, ese Consejo transformado podría dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre derechos humanos y derecho humanitario formuladas al Estado colombiano. Igualmente, podría ser el escenario de concertación de las políticas públicas en derechos humanos. Sería una Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidad que este Gobierno ha propuesto que se cree, pero integrada a la Defensoría para robustecerla.

Quizás así el Defensor deje de ser una cuota de los partidos politicos y se convierta en un vigoroso abanderado de los derechos humanos para beneficio de la sociedad y bajo su veeduría directa.

Encuentre esta columna en 
http://www.elespectador.com/opinion/

Referencias / Fuentes

[1] Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), Canciller de Napoleón, y Georges Clemenceau (1841-1929), primer ministro de Francia durante la primera guerra mundial. La frase de Clemenceau, similar a la de Talleyrand, transcrita en este texto, era: «La guerra es un asunto demasiado importante para ser dejada a los generales».

[2] El Defensor del Pueblo tiene iniciativa legislativa, lo que le permite «presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia», según el numeral 6º del artículo 282 de la Constitución.

Desapariciones forzadas en Colombia: en búsqueda de la justicia

La Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) presentó un informe donde aborda la situación actual de las desapariciones forzadas en Colombia, impactos psicosociales de las desapariciones forzadas, y el marco normativo relativo a los derechos de las víctimas de violaciones derechos humanos.

Entre las conclusiones del informe, la CCEEU destaca que el Estado colombiano no está cumpliendo con las obligaciones que se derivan de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, específicamente en lo relativo a la obligación de adelantar investigaciones exhaustivas e imparciales hasta que se aclare la suerte de las víctimas, y proveer a los familiares de un mecanismo judicial rápido y efectivo como medio para encontrar a los desaparecidos.

Así mismo, señala que El estado tampoco está cumpliendo con la obligación de atender integralmente a las víctimas y sus familias incluyendo atención psicosocial que les ayude a superar los impactos y daños causados por la desaparición de un ser querido. Mientras subsista esa situación, el Estado seguirá siendo responsable por la comisión de este tipo de violaciones y por la profundización de la grave situación de derechos humanos que vive el país.

De igual forma, denuncia la CCEEU que las desapariciones forzadas se han mantenido de manera constante a lo largo del tiempo y continúan ocurriendo en la actualidad. En muchos casos, las desapariciones quedan invisibilizadas cuando ocurren conjuntamente con otras violaciones, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública de manera sistemática entre 2002 y 2008, las cuales estuvieron casi siempre acompañadas por la desaparición forzada de la víctima. De acuerdo a la información registrada por la Mesa, entre enero a diciembre de 2011, ocurrieron por lo menos 28 desapariciones forzadas, incluyendo tres personas defensoras de derechos humanos.

Para descargar el informe completo en PDF: clic acá

Escrito por Coordinación Colombia Europa Estados Unidos de organizaciones no gubernamentales (CCEEU)

No Más Violencia contra las Mujeres

Foro Nacional por Colombia rechaza la violencia de género. Nos unimos este domingo 3 de junio a las 10:00 am, con las demás organizaciones y grupos que se movilizarán en el Parque Nacional de Bogotá, para decir NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Tal y como resaltó en un comunicado de prensa La Casa de la Mujer, es inadmisible que una práctica tan denigrante como el empalamiento, un método de tortura y ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca, se ejecute en pleno siglo XXI, en una ciudad capital y en otras zonas del país por parte de actores ilegales del conflicto armado.

Rosa Elvira Cely, la mujer que fue hallada en el Parque Nacional de Bogotá, fue una víctima de este castigo que data del siglo VI antes de Cristo. No podemos permitir que este tipo de actos queden en la impunidad, el silencio no puede seguir, tenemos que exigir justicia y respeto, y exigir un alto a la violencia contra la mujer, la cual se expresa cada día con formas más salvajes y aberrantes.

Invitamos también a seguir a los grupos en Facebook: https://www.facebook.com/groups/CasoRosaElviraCely/ y http://www.facebook.com/pages/Casa-de-la-Mujer/302384689824328?ref=tn_tnmn y a las cuentas en Twitter: @casa_la y @RCelyPuedoSerYo donde se estará difundiendo información referente al planton del domingo en el Parque Nacional y en otras ciudades del país que se han sumado a esta protesta.

Por último, hacemos un llamado al gobierno nacional y distrital para que fortalezcan las políticas orientadas hacia la protección de las mujeres, a implementar sistemas de información que permitan registrar estos delitos y darle herramientas a las autoridades para prevenirlos. Igualmente, el llamado es a la ciudadanía en general para que a través de la denuncia se puedan evitar actos como el ocurrido esta semana en Bogotá y judicializar a los culpables.

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera obligación de respetar y proteger los derechos de las mujeres defensoras y de lideres en el país

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte que han recibido diferentes integrantes de organizaciones de derechos humanos, en particular organizaciones de mujeres, y lideresas que trabajan por los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y la búsqueda de la paz en el país.

“Reitero la necesidad urgente de investigar, juzgar y sancionar a aquellas personas responsables de las  amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos, y saludo el compromiso expresado por la Fiscalía General de la Nación de investigar estas a amenazas, atentados e intimidaciones”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

“La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es considerada un avance”, añadió. “De igual forma, la Marcha Patriótica, llevada a cabo por personas civiles e integrantes de organizaciones que creen en las posibilidades de paz, es un espacio para la reflexión y la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado”, explicó Howland.

Desde hace varias semanas, la Oficina ha conocido amenazas de muerte, en particular transmitidas a través de panfletos firmados por “Los Rastrojos” y “Las Águilas Negras”,  en las cuales se hostiga a personas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos, la restitución de tierras o que hacen parte de la Marcha Patriótica. En ambos casos, muchas mujeres dirigen, participan e impulsan estos movimientos y procesos.

Además, en los últimos dos meses, en varias regiones del país, la Oficina ha recibido quejas según las cuales grupos armados ilegales han atacado, atentado o amenazado a defensores y defensoras de derechos humanos.

“Condeno, en nombre de la Alta Comisionada, las amenazas  de muerte, los atentados y la intención de intimidar  a defensoras y defensores de derechos humanos por parte de estos grupos armados ilegales”, dijo el Representante de la Alta Comisionada.

“Insisto –añadió- en la obligación del Estado de proteger a las defensoras de derechos humanos a través del desarrollo de medidas de protección e investigación efectivas, y con enfoque de género, que garanticen su seguridad e integridad, lo mismo que las de sus hijas, hijos y familiares. La protección integral requiere una respuesta coordinada del Estado y medidas estructurales para enfrentarla y prevenir estos ataques”.

Por último la Oficina  reitera a quienes amenazan de muerte a estas personas en Colombia que tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas en el país, en particular de las mujeres.

«De siervos a obreros»

Familias trabajadoras de la palma contamos nuestra historia. Memoria de las víctimas del sur del Cesar.

«De siervos a obreros»

La Asociación MINGA se complace en compartir con ustedes la segunda cartilla que relata la historia de las victimas del Sur del Cesar.

En esta segunda entrega les contaremos más a cerca del desarrollo del sindicalismo y de los procesos sociales desde 1972 hasta 7988. Los relatos aquí contados se refiere a la reconstrucción de la memoria colectiva de las cosas que pasaron en las zonas palmeras del sur del Cesar.

Para esta época los trabajadores del país impulsaban la organización sindical para mejorar sus condiciones laborales. Reclamaban sus derechos ya que todos los trabajadores eran esclavizados y los habitantes de los caseríos vivían en la marginalidad, no contentos con la explotación laboral que les imponían, fueron tildados de guerrilleros, acusación delicada que les estaban haciendo a demás porque aún estos grupos no habían aparecido en la región.

Debido a todas estas acusaciones e intimidaciones las familias trabajadoras tuvieron que soportar por parte del paramilitarismo, muertes y destierros de centenares de personas en un periodo de 15 años.

Pero todas estas luchas realizadas no fueron en vano, poco a poco fueron ganando la legitimidad hasta conseguirla en su totalidad y lograron que se les reconocieran los derechos laborales y sindicales en la huelga trascendental de 1985. Estas situaciones se han tratado de ocultar pero persisten en los testimonios de las poblaciones del sur del Cesar y se están haciendo evidentes con las leyes víctimas, y justicia y paz.

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Cartilla No 2

Escrito por minga