Archivo mensual: julio 2012

Gran concierto contra la Megaminería

Ver:

http://www.youtube.com/watch?v=laV7RihdG44

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Foro: “Abriendo Caminos de Justicia Ambiental”

Ésta actividad es una muestra del trabajo que hemos realizado juntos, reconociendo la relación que existe entre la calidad de vida, los conflictos ambiental que afectan distintos territorios, y las luchas sociales por la justicia y la igualdad que se dan en toda la ciudad.  Al tiempo, corresponde a la construcción de una visión más amplia e incluyente de la ciudad, en pro de las personas, las comunidades, las organizaciones sociales y el reconocimiento de las responsabilidades de las Instituciones del Estado y los entes privados en la configuración de conflictos socio-ambientales que afectan la vida de millones de personas.

Por tal motivo, y en aras de generar una reflexión que incluya la perspectiva de organizaciones sociales de Bogotá, queremos compartir con ustedes un espacio de debate sobre dos preguntas centrales: ¿Qué es lo ambiental en los entramados de concreto y asfalto que llamamos ciudades?Y a partir de esta definición, ¿Cómo podemos comprender y exigir Justicia Ambiental en una ciudad como Bogotá?

Agenda:

Apertura:

Lectura de Manifiesto de la Audiencia Popular del sur

¿Qué entendemos por Justicia Ambiental?

Panel 1: Caminos de Justicia Ambiental

Suba Nativa

Audiencia Ambiental Popular del sur

Casa de exigibilidad de derechos de Engativa

Panel 2: Pensando la Justicia Ambiental en Bogotá

Rafael Robles. Activista y educador popular

Patricia Bohorquez. Bióloga y ambientalista

Sandra Rátiva. Investigadora CEDINS

Cierre: Acto cultural a cargo de “Hijos del Sur”

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Prensa promueve sentimientos de racismo, segregación e intransigencia ciudadana en el departamento del cauca

Violación al buen nombre del CRIC y al derecho a estar bien informado, una siutación recurrente en la prensa colombiana.

Que un periodista nacional, de esos que nunca sale de su cabina, entreviste a Ana Silvia Secue y se admire de sus planteamientos resulta comprensible, pero que sea Francisco Santos, Ex-vicepresidente del gobierno Uribe, uno de los responsables de la creación de la Opic, organización de la que la entrevistada es su principal vocera, no es más que un acto cínico, en donde un agente del poder usa un medio informativo para tergiversar la verdad y crear condiciones para romper o hacer más difícil la convivencia ciudadana.

La situación sucedió el día 16 de julio y fue protagonizada por el actual socio de rcn y del periódico El Tiempo, Francisco Santos, quién desarrolló un dramatizado, donde, con entusiasmo de locutor deportivo hizo la siguiente presentación “Otra voz del Cauca, una voz distinta, una voz que, dijo no más. Me aburrí. Me abro, no quiero seguir haciendo sí, no quiero seguir eh… escuchando las mismas cosas, ¿quién es Espinosa?”. Viene luego toda una diatriba contra el CRIC, Autoridad tradicional de los pueblos indígenas del Cauca, estimulada por periodistas desinformados de la verdadera situación regional. Este estilo mediático, que ha hecho escuela en Colombia, se fortalece con la mentira y el rumor programado por mentes perversas que usan a las personas, contribuyendo a fomentar la idea que quienes hablan mal de los contradictores del gobierno son valientes, mientras quienes lo critican son malos y amigos del terrorismo. Esto se comprueba luego, cuando el periodista de marras sentencia con voz meliflua, aumentando el dramatismo “…Ana Silvia a usted no le da miedo hacer estas declaraciones, usted sabe que esto lo cobran las farc y sus milicianos allá adentro, y, ¿usted no está amenazada?, a usted no le da miedo que la maten por decir algo que nadie se atreve a decir…”

Cabe preguntarse, qué distinto dijo la vocera de la opic que no haya dicho ya el ex–presidente Uribe, que no hayan dicho los generales de la república, que no haya dicho el ex-gobernador Juan josé Chaux, que no hayan expresado varios ministros del actual gobierno, es decir, que no hayan dicho los señores de esa derecha recalcitrante que se niega aceptar las acciones de resistencia y defensa a la vida que realizan los indígenas Nasa del norte del Cauca y en general los indígenas de todo el país. Es claro que Francisco Santos, primo hermano del actual presidente de Colombia, hace parte de una élite nacional que no acepta el reclamo frente al derecho fundamental a defender la vida y a permanecer como pueblos.

Sin lugar a dudas el señor Santos no es tonto, aunque a veces pareciera que él quisiera que así lo vean los colombianos, y como no lo es, él sabe que en Colombia, según la Corte constitucional, hay 34 pueblos que están en riesgo de desaparición forzada, entre ellos siete pueblos indígenas del Cauca, siendo uno de ellos el Pueblo Nasa. Sabe también que dicha situación ha sido generada por la permanencia de un conflicto armado que no nos pertenece y que se desarrolla en nuestros territorios ancestrales desatendiendo nuestras exigencias. En consecuencia, desalojar a la guerrilla y exigir que la fuerza pública no esté más en medio de la sociedad civil, más cuando esos territorios son propiedad colectiva, ha sido una decisión tomada por comunidades y autoridades indígenas después de comprobar que, solo en el norte del Cauca, se han perpetrado cerca de 600 episodios armados que han dejado por lo menos 2500 víctimas civiles, en un periodo menor a 18 meses, de las cuales más de un centenar ha perdido la vida.

En este contexto es importante recordar que la opic se creó para negar la voluntad colectiva, pues su historial está lleno de documentos y expresiones que invitan a que la los comuneros indígenas se retiren de los censos de los cabildos, proscriban la educación propia y la medicina tradicional y reclamen la propiedad privada como forma de tenencia de tierra. La construcción de la opic fue un proceso lleno situaciones paradójicas, que, aunque la desconoce la opinión pública, el señor Francisco Santos sí las conoce por haber sido en el periodo de su gestión que se creó ese entuerto. Veamos algunas de las circunstancias destacables del proceso: a) En el acta de constitución opic, presentada ante cámara de comercio, aparecen registrados como fundadores varios mandos de la fuerza pública, funcionarios del gobierno Uribe y del gobierno Chaux; b) El distintivo de su hoja membrete es un águila negra en descenso; c) Uno de los directivos fue jefe de un reconocido grupo de autodefensas campesinas que operaba en la región y quién tiene varias investigaciones por participación en la masacre del Naya; c) Por haber sido primero la opic una ONG registrada en cámara de comercio se limitaba la posibilidad de apoyos institucionales, por lo cual la oficina de asuntos étnicos del ministerio del interior facilitó la creación de la única organización interétnica del país (ojo, no indígena) denominada opic y lograda mediante el engaño a dos comunidades indígenas Waunam del Chocó, las cuales, curiosamente, dejaron como directivos a dos personas del Cauca, una de ellas la señora Ana Silvia Secue.

Entonces no extraña escuchar la melodramática voz de un integrante del gobierno Uribe expresar “Dios mío, yo no había oído una declaración tan fuerte de un indígena, la golpearon y sabe cuándo perdió el miedo, cuando la guardia indígena la golpeo… porque decidió llevar desayunos escolares para sus niños. Pues Ana Silvia Secué, muy valiente la felicito, muy valiente por este testimonio… mucha suerte”.

La entrevista de rcn radio, en horas de la mañana del día lunes 16 de julio del 2012, es un buen ejemplo de cómo en Colombia se violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución Política, pues no solamente se informa de forma parcial y mentirosa sino que afectan la honra y el buen nombre de personas, en este caso de colectivos como lo son los pueblos indígenas del Cauca y nuestro proceso organizativo CRIC, lo cual tiende a romper la convivencia ciudadana y afecta el derecho a la paz de los colombianos, siendo uno de sus principales objetivos crear condiciones de animadversión ciudadana y que permitan judicializar a comuneros indígenas rompiendo el debido proceso y colocar como objetivo militar a las comunidades indígenas que reclaman defensa y garantía de sus proyectos vida y de sus procesos de autonomía territorial.

 Es de trascendental importancia que el comportamiento de ciudadanos, tanto nacionales como regionales y locales de Popayán, que se escudan como trabajadores de los medios de comunicación para exponer sus puntos de vista, sea investigada por los organismos de control del Estado colombiano y por las instituciones de la justicia, pues individuos como Francisco Santos, usan los medios de forma parcial, no garantizan el derecho de los colombianos a estar bien informados, pues usan frases que son más peligrosas que las balas de los grupos armados mientras utilizan las voces dispersas de la llamada opinión pública para fomentar el odio y la discriminación a nombre de organizaciones creadas para tal fin.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC
Autoridad Tradicional
Resolución No. 025 del 8 de Julio de 1999 Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior
Calle 1 No.4-50 Tel. 8242153 – 8240343 E mail: cric@cric-colombia.org

Escrito por CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC

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Proyecto de Ley estatutaria en salud se entregó a la secretaría de salud de Bogotá

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social – CSR, presentó a la Secretaría de Salud del Distrito un PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA EN SALUD producto de un largo y sistemático trabajo de la CSR en la construcción y el debate entre muy diversas instancias y organizaciones de la sociedad, conscientes que ante la grave y persistente crisis del Sistema de Salud y Seguridad Social – SSSS – no basta con ajustes de forma y funcionamiento, sino que se requiere un cambio de fondo que resuelva de manera concertada, definitiva y realista los problemas estructurales del modelo y permita garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la salud para toda la población.

La sociedad en general entre los que están: sectores sociales, académicos, políticos, sindicales, gremiales y populares conocen esta iniciativa.

 Los lineamientos básicos del Proyecto son:

  • La salud como derecho humano fundamental y no como negocio.
  • El Estado como garante del derecho.
  • Atención integral de la salud.
  • Eliminación de la intermediación financiera con ánimo de lucro.
  • Fondo público único, con recursos fiscales y parafiscales, y participación social efectiva.

Este proyecto cuenta con el respaldo de las organizaciones que integran la CSR y de diversas organizaciones profesionales, gremiales, sindicales, académicas, políticas y populares.

La CSR[1] considera esencial avanzar hacia la unión de las diferentes iniciativas y procesos de movilización por la salud que se han venido dando en las distintas regiones del país para tratar de configurar una fuerza nacional y efectiva que permita convertir el colapso del actual del SSSS en la gran oportunidad para construir un nuevo modelo que responda a las necesidades; aspiraciones de salud de todos y todas. La CSR convoca a la progresiva, pero urgente conformación de una ALIANZA NACIONAL POR UN NUEVO MODELO DE SALUD que no sólo impulse el Proyecto de Ley Estatutaria sino que propicie la orientación, la organización y las acciones requeridas para los objetivos enunciados.

El próximo lunes 23 de julio estaremos reunidos con organizaciones sociales, sindicales, afrodescendientes, campesinos, mujeres, etc, a las 4 pm en el auditorio de la CGT, diagonal 39A Bis No.14-53 P.1 para presentar el Proyecto de le Ley.

La CSR hace público su pleno respaldo y compromete su participación efectiva en la Movilización convocada de mañana jueves 19 de julio por parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y respaldada por diferentes organizaciones.


[1] Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social.

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Carta abierta al presidente de Colombia

Indignación y rechazo frente a amenazas de muerte en contra de defensores de derechos humanos

12 de julio de 2012

Sr. Juan Manuel Santos Presidente de la República de Colombia

Señor Presidente,

Nosotros, representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de sus organizaciones miembro abajo firmantes, expresamos nuestra indignación y rechazo ante las amenazas de muerte en contra de trece defensores de derechos humanos y figuras públicas en Colombia, recibidas vía correo electrónico por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en fecha del 4 de julio de 2012.

Esta amenaza declara ”objetivo militar” a Soraya Gutiérrez, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y Vice Presidenta de la FIDH, Yessica Hoyos, integrante del CCAJAR, Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Jeison Paba, integrante del CPDH y del MOVICE, Iván Cepeda, fundador del MOVICE, Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y vocero del MOVICE, José Humberto Torres, abogado del FCSPP, Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE, Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Ayda Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex-Senadora Piedad Córdoba.

La amenaza va acompañada de la fotografía de cada una de estas personas, atribuyéndoles un número del 1 al 13, y dice lo siguiente: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no también hijueputas guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.

Condenamos vehementemente esta amenaza de muerte, que por su carácter personalizado y selectivo, además de causar un impacto muy negativo en el trabajo de los defensores de derechos humanos debido al terror psicológico que acarrea, reviste una particular gravedad en la medida en que, tal y como lo destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2011, “algunos de los asesinatos de defensoras y defensores ocurridos en 2011 fueron precedidos por notas de amenazas e intimidación que determinan a defensores y defensoras de derechos humanos o a sus organizaciones como objetivos de grupos paramilitares”1. Como es de su conocimiento, en el transcurso del año 2011, 49 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, y siete han sido víctimas de desaparición forzada. En lo que va del año 2012, 16 han sido asesinados, la mayoría vinculados a la reinvindación por la restitución de tierras.

Recordando que varias de las personas arriba señaladas benefician de medidas cautelares de la CIDH, le instamos, Señor Presidente, a que se tomen medidas urgentes de protección a favor de las trece personas amenazadas, así como a que se mejoren de manera estructural los programas de protección de defensores y defensoras en riesgo, garantizando su independencia y asignando los recursos financieros y humanos suficientes. Asimismo, urgimos a que se lleve a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas denunciadas, con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Si bien saludamos su reconocimiento de la existencia de grupos armados “anti-restitución”, la cual evidencia la persistencia de las estructuras paramilitares en Colombia, y su anunciada determinación en capturar a ciertos responsables del hostigamiento en contra de los campesinos reclamantes de tierras, nos preocupa gravemente que frente a las amenazas y ataques precedentes perpetrados en contra de defensores de derechos humanos, no avancen las investigaciones penales correspondientes. Ante esta situación, resulta de vital importancia que tanto el gobierno como la Fiscalía emprendan acciones contundentes de manera a poner fin a estos crímenes, y urgimos a que Usted, en su calidad de Presidente de la República, convoque una reunión de emergencia con los defensores de derechos humanos señalados y sus respectivas organizaciones.

Señor Presidente, confiamos en que Usted, al igual que se comprometió a “desarmar la palabra” hacia los defensores de derechos humanos, sepa actuar acorde con este principio, tomando las iniciativas apropiadas para que los defensores puedan ejercer libremente su legítima labor de promoción y defensa de los derechos humanos sin enfrentarse a perpetuos ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento y judicializaciones infundadas.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando que Usted tomará las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Usted respetuosamente.

Organizaciones firmantes: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comité de Acción Jurídica (CAJ) – Argentina Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) – Argentina Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) – Bolivia Observatorio Ciudadano (OC) – Chile Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) – Colombia Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) – Colombia Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) – Colombia Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) – Ecuador Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) – El Salvador Center for Constitutional Rights (CCR) – Estados Unidos Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) – Guatemala Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) – Guatemala Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) – México Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) – México Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú

Contacto de prensa: Arthur Manet (español, francés, inglés) Tel: +33 6 72 28 42 94 (París)

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La Minga de resistencia social y comunitaria sigue caminando la palabra

La minga del sur occidente sesionó el día 10 de julio en la ciudad de Santiago de Cali, con el objetivo de estudiar el momento político y la dinámica interna del proceso Mingero.

Sobre el primer punto, el énfasis del debate se centró en analizar las características de la guerra en el departamento del Cauca especialmente en los municipios de Toribio, Jambalo y el Cabildo de Cerro Tijeras (entre otros) donde el conflicto armado adquiere nuevas dinámicas. Al respecto el líder del movimiento indígena, Feliciano Valencia manifestó que “en Toribio la población ha hecho respetar la autonomía de la población indígena al sacar de sus territorios a los actores armados, con la exigencia a los grupos amados, ejércitos y guerrillas que combaten en medio de la población desde hace más de ocho días el respeto a la vida y la dignidad de la población de vivir en paz”.

Esta acción de rechazo a la guerra coloca al movimiento indígena en primera fila en la resistencia por el territorio, de las comunidades, los planes de vida y el proceso organizativo. En una postura de arrojo y dignidad caminan hasta los sitios donde están atrincherados los combatientes, para decirles “que abandonen la zona, que su guerra solo beneficia a los traficantes de la muerte y que los dejen vivir en paz”, manifestó Feliciano valencia, quien además reveló que “las fuerzas militares no hacen presencia directa en una actitud sospechosa, dejando solo que policía entre en choque con la guerrilla, son las características de una guerra de cuarta generación”.

A raíz de esta afirmación se teje una hipótesis en el debate, la cual señala como se están creando las condiciones favorables del sector militarista de acrecentar la crisis de gobernabilidad del presidente Santos ya de por sí debilitado su consenso de la unidad nacional para posicionar más las posturas guerreristas en contra de una salida política y negociada al conflicto.

Lo cierto es que la agudización del conflicto ha llevado a incrementar la represión contra el movimiento social en su conjunto en la región, como se ha manifestado en las amenazas a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos por parte del los grupos paramilitares, como se demuestra con la última amenaza de muerte recibida en la Secretaria Técnica del Capítulo Valle del Movice, la cual va dirigida a diferentes organizaciones del departamento: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Acin, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Fcspp, Movice, Central Unitaria de Trabajadores CUT y el Sindicato de los trabajadores y empleados universitarios de Colombia Sintraunicol.

Por otra parte, sobre las causas y efectos de la iniciativa legislativa, en especial sobre la reforma de la Justicia, se considera el apoyo a la iniciativa de revocar el mandato de los congresistas que votaron la conciliación de la reforma. Al respecto Andrés Palma integrante del Polo democrático Alternativo en el Valle del Cauca manifestó, “Hay que ampliar la inhabilidad a quienes votaron la reforma pero también a sus familiares hasta cuarta generación de consanguinidad ya que estos continúan legislando desde las cárceles y orientando el accionar de los paramilitares”.

Finalmente, se discutió la agenda de acción para el segundo semestre donde el centro es la movilización de Octubre, construyendo desde las bases organizadas o no, la minga de resistencia contra las leyes del despojo y por los mandatos del congreso de los pueblos.

[1] Revista Cambio, pág. 20, edición 561, 29 de marzo al 5 de abril de 2004.

[2] Ibídem pág. 21

[3] http://m.eltiempo.com/justicia/inve…

[4]Resolución de 30 de marzo del 1999, emitida por la Fiscalía de la Unidad Nacional de

Derechos Humanos.

[5] “Nº 2919 /IVDIV-BR7-BIPAR- S2 – 256 ASUNTO : Informe Inmediato de Orden Público/ AL : Señor Brigadier General, COMANDANTE SÉPTIMA BRIGADA, Villavicencio”.

[6] Ibídem pág. 21

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Cumbre Nacional de secretarios de salud. Motivada por la crisis de los hospitales

Los Secretarios de Salud Departamentales, Municipales y del Distrito Capital nos reunimos de emergencia en la ciudad de Bogotá presionados por la insostenible crisis económica de nuestros hospitales y demás prestadores, crisis cuya causa principal es el actual sistema de salud considerado un negocio para los intermediarios. La cumbre se realizó ante la negativa de los distintos gobiernos a realizar cambios estructurales a un sistema que hace agua y ha cobrado muchas vidas.
DECIDIMOS:
1. Asumir directamente y sin reservas, de manera responsable y unificada con nuestros gerentes y trabajadores, la defensa de la salud como derecho fundamental de los colombianos, la existencia de nuestros hospitales y la exigencia del pago inmediato de las deudas de las EPS que hoy superan los cuatro billones de pesos, sin incluir las glosas ocultas.
2. Exigir, como lo plantean los señores ex ministros de salud en su declaración del pasado 12 de junio, cambios estructurales y de fondo al actual sistema de salud basado en el ánimo de lucro, y rechazar los remiendos de reforma que sólo favorecen y fortalecen la intermediación.
3. Requerir a la Nación que pague a los prestadores las deudas de las EPS quebradas, insolventes o intervenidas, y que no permita que los recursos de las glosas hagan parte del patrimonio de las EPS, sino que estos se reviertan al Sistema.
4. Solicitar a la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social y organismos pertinentes, revocar la habilitación de operación a las EPS que presenten una cartera superior a 180 días en el Territorio Nacional, pues su permanencia en calidad de morosas quiebra a las entidades.
5. Reconocer la función social indelegable e insustituible que prestan las Empresas Sociales del Estado, contraria al ánimo de lucro. Reconocer la urgente necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria, de humanizar el servicio y de dignificar el trabajo.
6. Organizar en cada municipio de nuestros departamentos y el Distrito Capital comités para la defensa de la salud, involucrando en ellos a todos los sectores comprometidos con la salud como máximo interés general y vital de los colombianos.
7. Conformar una comisión que a nivel nacional recoja los aportes e inquietudes de diferentes sectores con el fin de estructurar un nuevo sistema de salud, que será presentado al Congreso de la República directamente o como resultado de un referendo ordinario u obligatorio.
8. Convocar a todos los sectores sin distinción política, económica, cultural, creencia, raza, etnias, edad, etc., a la movilización nacional del próximo 19 de julio para salvar nuestros hospitales, exigir la terminación del oprobioso sistema de intermediación y requerir cambios a las estructuras del Sistema de Salud. Se concentrarán esfuerzos en las capitales de departamentos, en el resto de ciudades se harán movilizaciones o plantones en los hospitales públicos.
9. Advertir a Organismos Internacionales, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a defensores de los Derechos Humanos sobre la próxima y más grande violación al derecho a la salud y a la vida en Colombia, de no tomarse las medidas urgentes que demanda la crisis hospitalaria para resolver de manera inmediata el grave estado de iliquidez y de no disponer la voluntad política para cambiar el régimen de salud.
10. Realizar en cada departamento actos, asambleas, foros y otras actividades tendientes a socializar las causas de la crisis de la salud, evidenciar las dificultades actuales de los hospitales y advertir sobre las consecuencias en caso de no buscar solución inmediata a los problemas que aquejan al sector.
11. Señalar públicamente el impacto negativo que implica en lo económico, social y en la congestión de las urgencias, para la Red Hospitalaria, la unificación del POS-S al POS-C, sin que se garantice el acceso, oportunidad, continuidad e integralidad en los servicios y la suficiencia de recursos.
12. Convocar dentro de los próximos dos meses un encuentro nacional de gerentes, secretarios de salud departamentales y municipales, e invitar a que hagan parte de la convocatoria, coordinación y preparación de dicho encuentro a las federaciones de departamentos y de municipios, así como a las organizaciones más representativas del sector salud.
13. Manifestar nuestra coincidencia con las siguientes declaraciones: 1. Del Presidente Juan Manuel Santos cuando dice “la salud no puede ser un negocio… la salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas soluciones” (12 de agosto de 2011-Heraldo; agencia de noticias de la presidencia de la república) 2. De los ex ministros de Salud: “la salud se ha convertido en un negocio y sus estructuras se han acondicionado al ánimo de lucro antes que a la garantía del derecho a la vida y la salud, se hace necesario su reforma estructural de fondo” 3. De la Procuraduría General de la Nación: “La Corte Constitucional debe declarar todo el sistema de salud estado de cosas inconstitucional porque le interesa más la rentabilidad económica que la defensa de los derechos humanos (informe 2008)” 4. De la Contraloría General de la Nación: “Se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación…. el Estado Colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene cómo hacer control…. más del 50% de los recursos de la salud se desvía de manera indebida para el lucro privado” (10 de mayo 2012, 2ª audiencia de seguimiento a la sentencia 760 de 2008) 5. De la Corte Constitucional: “El Sistema pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos en este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado” (Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760, mayo 10 de 2012).
14. Nombrar como comité coordinador provisional de las acciones futuras a los secretarios de salud o sus delegados asistentes a esta cumbre.

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