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El 16 de diciembre vence el plazo para incluir Ley de Víctimas en Planes de Acción Territorial

Bogotá, 6 de septiembre de 2012.- El Ministerio del Interior reitera que el 16 de diciembre de este año es el plazo máximo para que Alcaldes y Gobernadores incluyan en sus Planes de Acción los lineamientos que contemplen proyectos de prevención, protección, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
 

El plazo es fijado por medio del decreto 1725 de 2012 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que da cumplimiento a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta norma entrega una alta responsabilidad a las entidades territoriales en lo que hace referencia a la aplicación de los planes de acción de atención a las víctimas en cada región, según la oferta pública nacional y territorial.

A la fecha, el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad de Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, han realizado 54 talleres territoriales en los cuales han capacitado a 600entidades territoriales.

El objetivo de esta política pública, que están formulando las entidades territoriales, es que sean presentadas en los presupuestos ante las asambleas departamentales y los concejos municipales para que les aprueben las líneas de atención a esta población y sean ejecutados durante el año 2013.

El Gobierno Nacional tiene establecido dentro de su marco fiscal de mediano plazo 54 billones de pesos para atender a las víctimas del conflicto armado en un tiempo de diez años. Por ello, es importante que las entidades formulen sus proyectos para que los recursos puedan ser destinados de una manera focalizada y regionalizada a las necesidades particulares de las víctimas que están en cada una de las jurisdicciones municipales.

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Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia: entre la agresión y la esperanza

En la semana previa a la conmemoración del día nacional de los derechos humanos en Colombia, hechos preocupantes y esperanzadores han ocurrido en nuestro país para los defensores y defensoras de ddhh. Amenazas, atentados, allanamientos y otras agresiones dan cuenta del contexto adverso en el que desarrollan su trabajo. Todo esto en el marco de una semana en la que Gobierno y FARC se sientan a la mesa de diálogo y se entrega el Premio 2012 a la Defensa de ddhh en Colombia.

Defensores de derechos humanos | Derecho a la vida |

La última semana de agosto y primera de septiembre ha traído buenas y malas noticias para los defensores y defensoras de los ddhh en Colombia. El Programa Somos Defensores tuvo conocimiento de tres situaciones que nos llaman poderosamente la atención por la precisión y exactitud de la agresión de la que fueron víctimas 3 defensoras de ddhh y una organización de Medellín que tiene que ver con procesos importantes en sus regiones y tienen gran reconocimiento público por su trabajo por los derechos humanos. A continuación una breve descripción de los hechos:

Rosario Montoya; Sandra Manjarres y Martha Díaz – Fundación Infancia Feliz y AFUSODO / Barranquilla:

El sábado 24 de agosto de 2012 fue amenazada la defensora Rosario Montoya, integrante de la Fundación Infancia Feliz, por medio de un sobre a su nombre, con la nota de urgente y en su interior un sufragio (tarjeta de condolencias) firmado por el grupo paramilitar autodenominado “Águilas negras”; luego el martes 28 de agosto de 2012, la actual directora de la Fundación Feliz Sandra Manjarres , fue golpeada en su oficina por dos sujetos encapuchados, que ingresaron a la sede de la organización y registraron el lugar. Igualmente , el jueves 30 de agosto de 2012 fue amenazada Martha Díaz la presidenta de la Asociación de Familiares Unidos por un solo dolor (AFUSODO) y secretaria técnica del Capítulo Atlántico del MOVICE y del nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, por medio de correo electrónico en donde la declaran objetivo militar y la conminan a salir inmediatamente de la ciudad, en el mismo correo, amenazan a los organismos que acompañan a AFUSODO y hacen referencia a la organización Mujeres al Derecho.

Instituto Popular de Capacitación IPC – Medellín

Las directivas del Instituto Popular de Capacitación denunciaron públicamente el asalto a la sede de la organización, ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información sobre violaciones de derechos humanos. En las horas de la mañana del lunes 3 de septiembre, la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más donde se concentra información sobre derechos humanos del Observatorio del IPC, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet. El IPC es una reconocida organización No Gubernamental de ddhh de Antioquia, que documenta casos de violación a los ddhh e infracciones al DIH. IPC ha participado públicamente en las denuncias contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, por las 1.808 interceptaciones ilegales realizadas a ONG´s, defensoras de derechos humanos y líderes de oposición entre 1996 y 2001, época en la cual el entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de la policía del Valle de Aburrá.

Cabe resaltar que hace tan solo un mes, el Programa Somos Defensores publicó su más reciente informe sobre agresiones contra defensores y defensoras de ddhh en Colombia titulado “Un Camino Solitario” para el periodo enero – junio de 2012, el cual señala la agresión contra 163 defensores de ddhh en 6 meses, entre ellos 29 líderes y defensores asesinados.

Vea informe

Noticias Esperanzadoras

Recientemente la voluntad del Gobierno Nacional y las FARC por sentarse a la mesa de diálogo para encontrar salida negociada al conflicto armado pone de presente un escenario esperanzador para el ejercicio de defensa de derechos humanos, así como la entrega de la primera versión del “Premio a la Defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Diez Agencias Internacionales agrupadas en la Coordinación Diálogo Inter Agencial en Colombia –DIAL-, con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia Suecia, y con el respaldo de la Campaña “levántate! No más impunidad” han venido promoviendo la primera versión del “Premio Nacional a a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia”, que busca hacer un reconocimiento público a los Defensores y Defensoras de DD HH y de esta manera contribuir a la disminución de la estigmatización que hay sobre ellos y su trabajo, así como contribuir a generar a un ambiente más favorable a la legítima labor realizada por estos Líderes y Lideresas, Organizaciones Sociales, Colectivos y Comunidades.

Desde esta concepción las agencias premiarán algunas experiencias de vida que han optado de manera decidida por la defensa de los Derechos Humanos, en las siguientes categorías:

• Defensor o Defensora del año.

• Experiencia o Proceso colectivo del año.

• Reconocimiento “a toda una vida”.

El Jurado que evaluó las 28 postulaciones, provenientes de 13 departamentos del país, está integrado por personalidades de Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa, que representan diversas voces y sectores de la opinión pública, de la academia, los medios de comunicación, la literatura, investigadores sociales, artistas y conocedores de las realidades colombianas en el marco de los derechos humanos. Ellos son: Martha Bello; Amanda Romero; Doris Hernández; Lisa Hauggard; Dana Brown; Monseñor Héctor Fabio Henao; Ignacio Gómez; Bo Fosberg; Luis Alfonso Fajardo; Martín Almada; Víctor Abramovich.

La Ceremonia de Premiación tendrá lugar el próximo viernes 7 de septiembre de 2012 en el Auditorio Centro de Convenciones Planta Baja de Compensar, Av. 68 No. 49 A 47, Bogotá.

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Cumbre Nacional de secretarios de salud. Motivada por la crisis de los hospitales

Los Secretarios de Salud Departamentales, Municipales y del Distrito Capital nos reunimos de emergencia en la ciudad de Bogotá presionados por la insostenible crisis económica de nuestros hospitales y demás prestadores, crisis cuya causa principal es el actual sistema de salud considerado un negocio para los intermediarios. La cumbre se realizó ante la negativa de los distintos gobiernos a realizar cambios estructurales a un sistema que hace agua y ha cobrado muchas vidas.
DECIDIMOS:
1. Asumir directamente y sin reservas, de manera responsable y unificada con nuestros gerentes y trabajadores, la defensa de la salud como derecho fundamental de los colombianos, la existencia de nuestros hospitales y la exigencia del pago inmediato de las deudas de las EPS que hoy superan los cuatro billones de pesos, sin incluir las glosas ocultas.
2. Exigir, como lo plantean los señores ex ministros de salud en su declaración del pasado 12 de junio, cambios estructurales y de fondo al actual sistema de salud basado en el ánimo de lucro, y rechazar los remiendos de reforma que sólo favorecen y fortalecen la intermediación.
3. Requerir a la Nación que pague a los prestadores las deudas de las EPS quebradas, insolventes o intervenidas, y que no permita que los recursos de las glosas hagan parte del patrimonio de las EPS, sino que estos se reviertan al Sistema.
4. Solicitar a la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social y organismos pertinentes, revocar la habilitación de operación a las EPS que presenten una cartera superior a 180 días en el Territorio Nacional, pues su permanencia en calidad de morosas quiebra a las entidades.
5. Reconocer la función social indelegable e insustituible que prestan las Empresas Sociales del Estado, contraria al ánimo de lucro. Reconocer la urgente necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria, de humanizar el servicio y de dignificar el trabajo.
6. Organizar en cada municipio de nuestros departamentos y el Distrito Capital comités para la defensa de la salud, involucrando en ellos a todos los sectores comprometidos con la salud como máximo interés general y vital de los colombianos.
7. Conformar una comisión que a nivel nacional recoja los aportes e inquietudes de diferentes sectores con el fin de estructurar un nuevo sistema de salud, que será presentado al Congreso de la República directamente o como resultado de un referendo ordinario u obligatorio.
8. Convocar a todos los sectores sin distinción política, económica, cultural, creencia, raza, etnias, edad, etc., a la movilización nacional del próximo 19 de julio para salvar nuestros hospitales, exigir la terminación del oprobioso sistema de intermediación y requerir cambios a las estructuras del Sistema de Salud. Se concentrarán esfuerzos en las capitales de departamentos, en el resto de ciudades se harán movilizaciones o plantones en los hospitales públicos.
9. Advertir a Organismos Internacionales, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a defensores de los Derechos Humanos sobre la próxima y más grande violación al derecho a la salud y a la vida en Colombia, de no tomarse las medidas urgentes que demanda la crisis hospitalaria para resolver de manera inmediata el grave estado de iliquidez y de no disponer la voluntad política para cambiar el régimen de salud.
10. Realizar en cada departamento actos, asambleas, foros y otras actividades tendientes a socializar las causas de la crisis de la salud, evidenciar las dificultades actuales de los hospitales y advertir sobre las consecuencias en caso de no buscar solución inmediata a los problemas que aquejan al sector.
11. Señalar públicamente el impacto negativo que implica en lo económico, social y en la congestión de las urgencias, para la Red Hospitalaria, la unificación del POS-S al POS-C, sin que se garantice el acceso, oportunidad, continuidad e integralidad en los servicios y la suficiencia de recursos.
12. Convocar dentro de los próximos dos meses un encuentro nacional de gerentes, secretarios de salud departamentales y municipales, e invitar a que hagan parte de la convocatoria, coordinación y preparación de dicho encuentro a las federaciones de departamentos y de municipios, así como a las organizaciones más representativas del sector salud.
13. Manifestar nuestra coincidencia con las siguientes declaraciones: 1. Del Presidente Juan Manuel Santos cuando dice “la salud no puede ser un negocio… la salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas soluciones” (12 de agosto de 2011-Heraldo; agencia de noticias de la presidencia de la república) 2. De los ex ministros de Salud: “la salud se ha convertido en un negocio y sus estructuras se han acondicionado al ánimo de lucro antes que a la garantía del derecho a la vida y la salud, se hace necesario su reforma estructural de fondo” 3. De la Procuraduría General de la Nación: “La Corte Constitucional debe declarar todo el sistema de salud estado de cosas inconstitucional porque le interesa más la rentabilidad económica que la defensa de los derechos humanos (informe 2008)” 4. De la Contraloría General de la Nación: “Se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación…. el Estado Colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene cómo hacer control…. más del 50% de los recursos de la salud se desvía de manera indebida para el lucro privado” (10 de mayo 2012, 2ª audiencia de seguimiento a la sentencia 760 de 2008) 5. De la Corte Constitucional: “El Sistema pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos en este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado” (Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760, mayo 10 de 2012).
14. Nombrar como comité coordinador provisional de las acciones futuras a los secretarios de salud o sus delegados asistentes a esta cumbre.

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