La paz como rehén y la necesidad de un cambio urgente para lograrla

Ante el anuncio de diálogos de paz.

Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) saluda con esperanza este paso trascendental y anima a las partes y al país entero a no desistir en la búsqueda de una solución política que nos permita construir un país con paz, con justicia, con futuro de bienestar y dignidad colectiva.

                                                         1 2 3 4 5 6 7 8  

I. Consideraciones previas

La noche del 27 de agosto de 2012, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó públicamente acercamientos con la guerrilla de las FARC y la continuidad de un proceso exploratorio de conversaciones de paz con este grupo, en una perspectiva de diálogos para la superación definitiva del conflicto armado, diálogos que podrían extenderse también al ELN, dado su anuncio de mantener una voluntad de negociación para dicha salida política.

Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) saluda con esperanza este paso trascendental y anima a las partes y al país entero a no desistir en la búsqueda de una solución política que nos permita construir un país con paz, con justicia, con futuro de bienestar y dignidad colectiva.

Del mismo modo, CCP estima es de gran importancia lo anunciado por el Presidente, de orientar los diálogos bajo el principio rector de aprender de los errores del pasado. Para ello, no sólo deben avaluarse las fallas de anteriores intentos de negociación, sino, precisamente, destacando el origen de algunas de esas costosas equivocaciones del pasado, con el propósito de no volver a incurrir en ellas, debe mirarse la realidad del país sin omisiones y sin falsedades.

Con ese objetivo se ha elaborado este documento que ponemos a consideración de Colombia y del mundo, como modesto aporte a ese proceso que creemos debe mantenerse y fortalecerse con todos los que desean que Colombia construya y alcance la paz con justicia.

                                                        1 2 3 4 5 6 7 8  

Invitación a la octava versión de Voces Ausentes

La Facultad de Comunicación para la Paz, la Asociación MINGA, Proyección Social F.C.S.P, el grupo de Memoria de la División de Ciencias Sociales de USTA, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, Agenda Caribe, Asociación de Justicia y Paz, el grupo M y Círculos en Movimientos hacia la paz, invitan a la octava versión de VOCES AUSENTES, que se llevará a cabo el día 30 de agosto en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás. En este evento se reflexionará sobre el marco jurídico de la paz cuya pretensión es la consolidación de una “paz duradera” en la cual la justicia transicional es un dispositivo fundamental; sin embargo, su instauración en Colombia es objeto de debate por el contexto de guerra que vive el país.

Al respecto algunos teóricos señalan que no se puede hablar de justicia transicional sin que se haya dado una transición social y política, como argumento se establece que la paz sostenible va más allá de acuerdos bilaterales o unilaterales, implica preservar del olvido la memoria colectiva, es decir, reconocer y reparar de las víctimas que conduzcan a su dignificación y la garantía de la no repetición. Requiere por tanto, la revisión de las causas estructurales del conflicto del país.

Están todas y todos cordialmente invitados.

Ver invitación

Vídeo

Para mayor información visite la siguiente página http://memoriausta.blogspot.com/p/voces-ausentes.html

 Escrito por minga

Foro Nacional por Colombia ante el hundimiento de la reforma a la justicia

A lo largo del trámite de la reforma a la justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los inconvenientes de varios artículos incluidos en esa iniciativa legislativa y de la forma como se fue tramitando y concertando. De hecho el punto de partida no podía ser peor: una reforma constitucional en el 2011 que habilitó a congresistas con problemas con la justicia para hacer modificaciones a la Carta y poder así votar sobre temas que los podían favorecer.

A partir de allí nada podía ir bien, como efectivamente sucedió. Aunque dicho Acto Legislativo se encuentra demandado, en el transcurso del trámite a la reforma otros actores también fueron sumando privilegios: mientras magistrados de las altas cortes negociaron aumentos en sus periodos y en su edad de jubilación, el gobierno logró el afianzamiento de mayorías en el Congreso y el favor de las Cortes, abriendo paso a su posible relección.

En medio de todo este festín de privilegios, la Constitución Política, la democracia colombiana y el ciudadano común y corriente, salieron mal librados. Pocos son los beneficios y los temas que pueden salvarse y muchos los acuerdos que tendrían un efecto nefasto para el país, tal y como lo han señalado ex-constituyentes, organizaciones, medios de comunicación, estudiosos y ciudadanos en general (ver por ejemplo http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3055-reforma-a-la-justicia-indignados-y-movilizados.html). “Impunidad”, “vergüenza”, “horror”, son expresiones que ha generado el articulado de la reforma.

En medio de la pasividad de la mayoría de la sociedad,unos pocos sectores de la sociedad civil y de la oposición política, siguieron levantando la voz de protesta. Hasta el pasado jueves, cogidos “con las manos en la masa”, las posibilidades del engendro de los diferentes poderes fueron demasiado evidentes y llevaron a otros actores a pronunciarse. El grotesco gesto de la conciliación fue, sin embargo, un paso adelante en un proceso de favorecimientos que ya se había desatado.

Asistimos ahora a una cadena de excusas y de evasivas y a la búsqueda- a como dé lugar- por parte de los encargados de tomar las decisiones sobre el tema, de una salida para evitar la aplicación de la reforma. Si bien coincidimos en que ésta sería completamente nociva, el hundimiento, adoptado por el ejecutivo y el Congreso, solo puede verse como una reacción a la movilización y la protesta de la sociedad civil.

Aunque esta medida se ofrece como una tabla de salvación con la que todos aparecen satisfechos, Foro Nacional por Colombia considera que ahora más que nunca es necesario seguir apoyando el referendo y a sus promotores, como un mecanismo a través del cual la clase política y otros actores involucrados en el acuerdo sientan que existe vigilancia y seguimiento sobre sus actos. De igual manera, el hecho de que sobre el hundimiento se esté presentando un manto de dudas jurídicas, implica que se debe seguir en alerta hasta tanto no se tenga certeza de que ninguna de las medidas incluidas en esta reforma entra a regir en el futuro.

De ninguna manera consideramos viable la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta es más bien la alternativa de quienes quieren “pescar en río revuelto”. Abrir esta puerta puede dar píe a nuevos intentos de desmonte de la Constitución de 1991 y de conseguir por esta vía lo que no se logró con el referendo releccionista que se impulso en el anterior gobierno.

Aunque más lenta, nuestra apuesta es nuevamente por fortalecer la institucionalidad democrática. Este ejercicio de movilización social y ciudadana debe terminar con el establecimiento de una serie de sanciones morales y penales a los congresistas y funcionarios del Congreso implicados. Las investigaciones sobre los vínculos de políticos con actores ilegales deben continuar. La justicia se debe depurar y fortalecer. El establecimiento de una Mesa por la Reforma a la Justicia, con representación de diversos sectores de la sociedad civil y el sistema judicial puede ser una opción a considerar. Desde allí la sociedad organizada podría presionar la reforma que realmente necesita el país, la cual debe cerrarse, de entrada, a todos los intentos de contrarreforma política y de impunidad que permanecen agazapados desde diversos sectores del Congreso.

Adicionalmente temas como la relección y el restablecimiento del equilibrio de poderes deberían estar en la agenda del país, así como la apuesta por el fortalecimiento de la ciudadanía, única posibilidad para crear contrapoder y arrebatarle a la clase corrupta lo que por apatía y desencanto el pueblo soberano ha venido perdiendo.

Autor: Clara Rocio Rodríguez

Correo electrónico: crodriguez@foro.org.co

Desapariciones forzadas en Colombia: en búsqueda de la justicia

La Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) presentó un informe donde aborda la situación actual de las desapariciones forzadas en Colombia, impactos psicosociales de las desapariciones forzadas, y el marco normativo relativo a los derechos de las víctimas de violaciones derechos humanos.

Entre las conclusiones del informe, la CCEEU destaca que el Estado colombiano no está cumpliendo con las obligaciones que se derivan de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, específicamente en lo relativo a la obligación de adelantar investigaciones exhaustivas e imparciales hasta que se aclare la suerte de las víctimas, y proveer a los familiares de un mecanismo judicial rápido y efectivo como medio para encontrar a los desaparecidos.

Así mismo, señala que El estado tampoco está cumpliendo con la obligación de atender integralmente a las víctimas y sus familias incluyendo atención psicosocial que les ayude a superar los impactos y daños causados por la desaparición de un ser querido. Mientras subsista esa situación, el Estado seguirá siendo responsable por la comisión de este tipo de violaciones y por la profundización de la grave situación de derechos humanos que vive el país.

De igual forma, denuncia la CCEEU que las desapariciones forzadas se han mantenido de manera constante a lo largo del tiempo y continúan ocurriendo en la actualidad. En muchos casos, las desapariciones quedan invisibilizadas cuando ocurren conjuntamente con otras violaciones, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública de manera sistemática entre 2002 y 2008, las cuales estuvieron casi siempre acompañadas por la desaparición forzada de la víctima. De acuerdo a la información registrada por la Mesa, entre enero a diciembre de 2011, ocurrieron por lo menos 28 desapariciones forzadas, incluyendo tres personas defensoras de derechos humanos.

Para descargar el informe completo en PDF: clic acá

Escrito por Coordinación Colombia Europa Estados Unidos de organizaciones no gubernamentales (CCEEU)