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Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia: entre la agresión y la esperanza

En la semana previa a la conmemoración del día nacional de los derechos humanos en Colombia, hechos preocupantes y esperanzadores han ocurrido en nuestro país para los defensores y defensoras de ddhh. Amenazas, atentados, allanamientos y otras agresiones dan cuenta del contexto adverso en el que desarrollan su trabajo. Todo esto en el marco de una semana en la que Gobierno y FARC se sientan a la mesa de diálogo y se entrega el Premio 2012 a la Defensa de ddhh en Colombia.

Defensores de derechos humanos | Derecho a la vida |

La última semana de agosto y primera de septiembre ha traído buenas y malas noticias para los defensores y defensoras de los ddhh en Colombia. El Programa Somos Defensores tuvo conocimiento de tres situaciones que nos llaman poderosamente la atención por la precisión y exactitud de la agresión de la que fueron víctimas 3 defensoras de ddhh y una organización de Medellín que tiene que ver con procesos importantes en sus regiones y tienen gran reconocimiento público por su trabajo por los derechos humanos. A continuación una breve descripción de los hechos:

Rosario Montoya; Sandra Manjarres y Martha Díaz – Fundación Infancia Feliz y AFUSODO / Barranquilla:

El sábado 24 de agosto de 2012 fue amenazada la defensora Rosario Montoya, integrante de la Fundación Infancia Feliz, por medio de un sobre a su nombre, con la nota de urgente y en su interior un sufragio (tarjeta de condolencias) firmado por el grupo paramilitar autodenominado “Águilas negras”; luego el martes 28 de agosto de 2012, la actual directora de la Fundación Feliz Sandra Manjarres , fue golpeada en su oficina por dos sujetos encapuchados, que ingresaron a la sede de la organización y registraron el lugar. Igualmente , el jueves 30 de agosto de 2012 fue amenazada Martha Díaz la presidenta de la Asociación de Familiares Unidos por un solo dolor (AFUSODO) y secretaria técnica del Capítulo Atlántico del MOVICE y del nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, por medio de correo electrónico en donde la declaran objetivo militar y la conminan a salir inmediatamente de la ciudad, en el mismo correo, amenazan a los organismos que acompañan a AFUSODO y hacen referencia a la organización Mujeres al Derecho.

Instituto Popular de Capacitación IPC – Medellín

Las directivas del Instituto Popular de Capacitación denunciaron públicamente el asalto a la sede de la organización, ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información sobre violaciones de derechos humanos. En las horas de la mañana del lunes 3 de septiembre, la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más donde se concentra información sobre derechos humanos del Observatorio del IPC, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet. El IPC es una reconocida organización No Gubernamental de ddhh de Antioquia, que documenta casos de violación a los ddhh e infracciones al DIH. IPC ha participado públicamente en las denuncias contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, por las 1.808 interceptaciones ilegales realizadas a ONG´s, defensoras de derechos humanos y líderes de oposición entre 1996 y 2001, época en la cual el entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de la policía del Valle de Aburrá.

Cabe resaltar que hace tan solo un mes, el Programa Somos Defensores publicó su más reciente informe sobre agresiones contra defensores y defensoras de ddhh en Colombia titulado “Un Camino Solitario” para el periodo enero – junio de 2012, el cual señala la agresión contra 163 defensores de ddhh en 6 meses, entre ellos 29 líderes y defensores asesinados.

Vea informe

Noticias Esperanzadoras

Recientemente la voluntad del Gobierno Nacional y las FARC por sentarse a la mesa de diálogo para encontrar salida negociada al conflicto armado pone de presente un escenario esperanzador para el ejercicio de defensa de derechos humanos, así como la entrega de la primera versión del “Premio a la Defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Diez Agencias Internacionales agrupadas en la Coordinación Diálogo Inter Agencial en Colombia –DIAL-, con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia Suecia, y con el respaldo de la Campaña “levántate! No más impunidad” han venido promoviendo la primera versión del “Premio Nacional a a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia”, que busca hacer un reconocimiento público a los Defensores y Defensoras de DD HH y de esta manera contribuir a la disminución de la estigmatización que hay sobre ellos y su trabajo, así como contribuir a generar a un ambiente más favorable a la legítima labor realizada por estos Líderes y Lideresas, Organizaciones Sociales, Colectivos y Comunidades.

Desde esta concepción las agencias premiarán algunas experiencias de vida que han optado de manera decidida por la defensa de los Derechos Humanos, en las siguientes categorías:

• Defensor o Defensora del año.

• Experiencia o Proceso colectivo del año.

• Reconocimiento “a toda una vida”.

El Jurado que evaluó las 28 postulaciones, provenientes de 13 departamentos del país, está integrado por personalidades de Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa, que representan diversas voces y sectores de la opinión pública, de la academia, los medios de comunicación, la literatura, investigadores sociales, artistas y conocedores de las realidades colombianas en el marco de los derechos humanos. Ellos son: Martha Bello; Amanda Romero; Doris Hernández; Lisa Hauggard; Dana Brown; Monseñor Héctor Fabio Henao; Ignacio Gómez; Bo Fosberg; Luis Alfonso Fajardo; Martín Almada; Víctor Abramovich.

La Ceremonia de Premiación tendrá lugar el próximo viernes 7 de septiembre de 2012 en el Auditorio Centro de Convenciones Planta Baja de Compensar, Av. 68 No. 49 A 47, Bogotá.

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Cómo vigorizar la Defensoría del Pueblo

Por Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ

Diario El Espectador, jueves, 23 de agosto de 2012

Categoría: Documentos y publicaciones / Columnas de la Dirección

Así como “la guerra es demasiado seria para dejársela a los militares”, según decían Talleyrand y Clemenceau [1], la Defensoría es demasiado seria para dejársela a los políticos. La institución más cívica creada por la Constitución de 1991 debería ser una institución fuerte, que resonara cada vez que expresara los reclamos de la ciudadanía frente al abuso del poder.

Para eso se creó. Es una entidad estatal que no pertenece al Gobierno, y que tiene por mandato “la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” (art. 282). Debería ser muy respetada, reconocida por toda la gente como una gran autoridad, y buscada por cualquier víctima como un sitio seguro de refugio y de apoyo. No parece que se perciba así.

En parte ello se debe al origen del nombramiento del Defensor o la Defensora. Su escogencia se hace en la Cámara de Representantes en función de cálculos de cuotas de poder. El Defensor no debería ser cuota de nadie, sino simplemente el tutor de toda la población.

Pero, además de ese origen político, una vez elegido el Defensor se encuentra aislado. Quienes acuden a él son los parlamentarios o las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los parlamentarios, para pedirle puestos en contraprestación por el voto que contribuyó a su elección. Las víctimas, para reclamar protección. Pero ni unos ni otras son un referente verdadero de su acción, que se manifiesta a través de resoluciones defensoriales o de informes de riesgo del sistema de alertas tempranas, entre otros importantes medios.

Para conjurar esa soledad, la ley reglamentaria de la Defensoría (ley 24/92) le creó un Consejo Asesor “integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de cada Cámara Legislativa, un representante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, un representante de las universidades privadas, un delegado de la Federación Nacional de Personeros y cuatro voceros de las Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los derechos humanos” (art. 32). Ningún Defensor lo ha puesto en práctica, aunque el primero de ellos alcanzó a designar los voceros de las organizaciones no gubernamentales.

El Defensor debería no solo poner en funcionamiento el Consejo Asesor, en cumplimiento de la ley, sino proponer una ampliación de sus integrantes y de sus funciones, de tal forma que la Defensoría fortaleza su desempeño con la orientación y el respaldo de la sociedad civil [2]. Con acompañamiento de la comunidad internacional, ese Consejo transformado podría dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre derechos humanos y derecho humanitario formuladas al Estado colombiano. Igualmente, podría ser el escenario de concertación de las políticas públicas en derechos humanos. Sería una Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidad que este Gobierno ha propuesto que se cree, pero integrada a la Defensoría para robustecerla.

Quizás así el Defensor deje de ser una cuota de los partidos politicos y se convierta en un vigoroso abanderado de los derechos humanos para beneficio de la sociedad y bajo su veeduría directa.

Encuentre esta columna en Diario El Espectador
http://www.elespectador.com/opinion/

Referencias / Fuentes

[1] Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), Canciller de Napoleón, y Georges Clemenceau (1841-1929), primer ministro de Francia durante la primera guerra mundial. La frase de Clemenceau, similar a la de Talleyrand, transcrita en este texto, era: “La guerra es un asunto demasiado importante para ser dejada a los generales”.

[2] El Defensor del Pueblo tiene iniciativa legislativa, lo que le permite “presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia”, según el numeral 6º del artículo 282 de la Constitución.

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Gobierno respalda investigaciones judiciales por delitos contra defensores de derechos humanos

A continuación les compartimos el boletín informativo que quedó como resultado de una reunión entre las organizaciones de derechos humanos y los ministros del interior y de justicia, Federico Renjifo Vélez y Juan Carlos Esguerra, respectivamente, esto se dio en el marco de la Mesa Nacional de Garantías, en el cual nos informan la decisión del gobierno en respaldar investigaciones judiciales por delitos contra defensores de derechos humanos.

Leer Comunicado

 Escrito por minga

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