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I Congreso Internacional por el derecho a la alimentación, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional

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Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera obligación de respetar y proteger los derechos de las mujeres defensoras y de lideres en el país

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte que han recibido diferentes integrantes de organizaciones de derechos humanos, en particular organizaciones de mujeres, y lideresas que trabajan por los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y la búsqueda de la paz en el país.

“Reitero la necesidad urgente de investigar, juzgar y sancionar a aquellas personas responsables de las  amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos, y saludo el compromiso expresado por la Fiscalía General de la Nación de investigar estas a amenazas, atentados e intimidaciones”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

“La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es considerada un avance”, añadió. “De igual forma, la Marcha Patriótica, llevada a cabo por personas civiles e integrantes de organizaciones que creen en las posibilidades de paz, es un espacio para la reflexión y la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado”, explicó Howland.

Desde hace varias semanas, la Oficina ha conocido amenazas de muerte, en particular transmitidas a través de panfletos firmados por “Los Rastrojos” y “Las Águilas Negras”,  en las cuales se hostiga a personas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos, la restitución de tierras o que hacen parte de la Marcha Patriótica. En ambos casos, muchas mujeres dirigen, participan e impulsan estos movimientos y procesos.

Además, en los últimos dos meses, en varias regiones del país, la Oficina ha recibido quejas según las cuales grupos armados ilegales han atacado, atentado o amenazado a defensores y defensoras de derechos humanos.

“Condeno, en nombre de la Alta Comisionada, las amenazas  de muerte, los atentados y la intención de intimidar  a defensoras y defensores de derechos humanos por parte de estos grupos armados ilegales”, dijo el Representante de la Alta Comisionada.

“Insisto –añadió- en la obligación del Estado de proteger a las defensoras de derechos humanos a través del desarrollo de medidas de protección e investigación efectivas, y con enfoque de género, que garanticen su seguridad e integridad, lo mismo que las de sus hijas, hijos y familiares. La protección integral requiere una respuesta coordinada del Estado y medidas estructurales para enfrentarla y prevenir estos ataques”.

Por último la Oficina  reitera a quienes amenazan de muerte a estas personas en Colombia que tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas en el país, en particular de las mujeres.

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La seguridad ciudadana: una prioridad

Las encuestas sobre seguridad ciudadana que adelantan diferentes entidades en el país coinciden en un punto: la percepción de inseguridad en las ciudades ha venido en aumento y las autoridades municipales y departamentales no parecen contar con propuestas adecuadas y  oportunas para enfrentar los hechos de inseguridad que fundamentan dicha percepción. La ciudadanía clama por acciones concretas para vivir en paz y asegurar su progreso personal, el de sus familias y sus comunidades.

La edición número 53 del Boletín Foro Municipal aborda el tema de Seguridad ciudadana con artículos de Bogotá, Cali y Barranquilla. Además, se presentan cifras de la evolución de hurtos, homicidios, y lesiones en Colombia desde 2002 a 2011. Descarguelo aquí.

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La Resolución 1325, las Mujeres, la Paz y la Seguridad

El grupo “Mujeres, Paz y Seguridad” constituido por mujeres de la sociedad civil colombiana, empresarias y de la Policía Nacional vienen trabajando en propuestas de visibilización e implementación de la resolución 1325 y conexas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese sentido, el 8 de agosto de 2011 se realizó un foro que contó con la participación de representantes de este grupo, lo mismo que de una comisión de mujeres filipinas y organismos internacionales que hablaron sobre la importancia y pertinencia de estas resoluciones en el contexto colombiano.
Presentamos las memorias de este evento en diferentes piezas comunicativas. Una cartilla que recoge las ponencias, las grabaciones de dichas charlas, dos videos animados que dan cuenta de la posición de CIASE frente al concepto de seguridad y la importancia de contar con una policía civil en el contexto de avanzar hacia el paradigma de la seguridad humana. Les recordamos que estas piezas comunicativas están bajo licencia  Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia License

Documento en Scribd: Mujeres, Paz y Seguridad

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CINEP: Propuestas para recuperar la ciudad

El CINEP/ Programa por la Paz abrió sus puertas para dialogar sobre el reto de recuperar la ciudad. En el encuentro Diálogos  CINEP/PPP: “Bogotá: el reto de recuperar la ciudad” se dieron cita Antonio Navarro Wolff, Secretario de Gobierno de Bogotá; José Miguel Sánchez, director del IDPAC; José Vicente Zamudio, director de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento de Localidades de la Secretaria de Planeación Distrital y Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en Bogotá. El evento que tuvo lugar el pasado 15 de febrero contó con la participación de 280 ciudadanos y ciudadanas de diferentes insituciones educativas y gubernamentrales, así como de organizaciones de la sociedad civil.

Seguridad en Bogotá

 En su intervención, el Secretario de Gobierno se refirió a la restricción de armas de fuego en la capital y explicó  las posibles soluciones que se plantea la administración para lograr el desarme de la sociedad bogotana. Navarro señaló que, además de los altos índices de homicidio por cuenta de las armas de fuego, las armas blancas también producen afectación a la integridad de las personas. “El diagnóstico de la situación de seguridad en la ciudad muestra que la penalización de ciertas armas blancas es una necesidad. No existen herramientas penales para restringir el uso estas armas”, de esta manera el secretario expresó su preocupación por la ausencia de una tipificación legislativa que permita tomar medidas preventivas y legales frente al problema.

Asimismo, afirmó que el año pasado se incautaron más dos mil armas de fuego que representaron un valor cercano a los cuatro mil setecientos millones de pesos, lo que demuestra, a su juicio, que en las calles de Bogotá hay un monopolio y un mercado de venta de armas. Navarro sostuvo que en los últimos seis meses se han allanado lugares en los que se alquilan desde pistolas hasta subametralladoras, un hecho que para él revela que la violencia en las calles no se da por una coyuntura social, como lo señala la policía, sino que es el resultado de la presencia de organizaciones criminales que perpetran homicidios en la ciudad.

Finalmente, el funcionario aseguró que es el Estado quien debe concentrar el monopolio de distribución de armas de fuego y que la medida de restricción, que terminará a finales de abril, tendrá excepciones con los ex miembros de la fuerza pública, vigilantes y personas particulares que ulilicen el arma con salvoconducto para actividades deportivas.

Presupuestos y participación ciudadana

A su turno José Miguel Sánchez, director del Instituto de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), abordó el tema de la vinculación ciudadana al plan de desarrollo y al presupuesto participativo. Mencionó que la participación  de los ciudadanos empezará el 29 de abril con las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, a partir de la discusión, elaboración y concertación del presupuesto local. Con esto “se materializará la participación directa de los ciudadanos como parte del eje de construcción colectiva de la ciudad”, declaró Sánchez.

De acuerdo con Sánchez, el presupuesto participativo partirá de 188 unidades barriales establecidas por la alcaldía distrital y cada una contará con un fondo de 1.600 millones de pesos. Además, para concluir la ejecución de los proyectos se deberá avanzar sobre tres niveles de deliberación: el precavildo, el diseño del programa y por último, la comunidad decidirá qué programas ejecutar. Todo esto condicionado al tope presupuestal que se le otorgará a cada unidad barrial.

Para concluir, aseveró que con esta nueva puesta, de empoderar la capacidad de decisión del ciudadano, se espera combatir la corrupción y estimular la calidad de decisión de la comunidad en sus territorios.

Por su parte, José Vicente Zamudio, encargado de los planes de desarrollo local en el Distrito, hizo mención sobre la recuperación del espacio histórico del agua y de la revitalización de suelo, a través del desarrollo de políticas que vayan en consonancia con los efectos del cambio climático. Zamudio indicó que se debe cuidar la periferia de la ciudad para empezar a desarrollar un crecimiento desde el centro geográfico de la ciudad, es decir, que no se va a depredar la periferia de la ciudad sino que se va a densificar hacia arriba.

Derechos de las víctimas

Finalmente Ana Teresa Bernal, responsable de la nueva Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá, explicó cómo se van a implementar políticas públicas para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Recordó que con el acuerdo 370 de 2009 se materializarán los derechos de las víctimas para que puedan tener una reparación integral. Con este acuerdo se respalda la asistencia y la atención a las víctimas.
En el caso de Bogotá, indicó que para realizar el acompañamiento a las víctimas, existirán tres frentes de acción: atención a población desplazada, centro de atención de víctimas y el centro de memoria histórica. Con esto se garantizará que la oferta institucional supla las necesidades de las víctimas y les permita la entrada a los servicios de salud y educación para que recuperen la dignidad de ciudadanos.

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