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El 16 de diciembre vence el plazo para incluir Ley de Víctimas en Planes de Acción Territorial

Bogotá, 6 de septiembre de 2012.- El Ministerio del Interior reitera que el 16 de diciembre de este año es el plazo máximo para que Alcaldes y Gobernadores incluyan en sus Planes de Acción los lineamientos que contemplen proyectos de prevención, protección, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
 

El plazo es fijado por medio del decreto 1725 de 2012 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que da cumplimiento a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta norma entrega una alta responsabilidad a las entidades territoriales en lo que hace referencia a la aplicación de los planes de acción de atención a las víctimas en cada región, según la oferta pública nacional y territorial.

A la fecha, el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad de Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, han realizado 54 talleres territoriales en los cuales han capacitado a 600entidades territoriales.

El objetivo de esta política pública, que están formulando las entidades territoriales, es que sean presentadas en los presupuestos ante las asambleas departamentales y los concejos municipales para que les aprueben las líneas de atención a esta población y sean ejecutados durante el año 2013.

El Gobierno Nacional tiene establecido dentro de su marco fiscal de mediano plazo 54 billones de pesos para atender a las víctimas del conflicto armado en un tiempo de diez años. Por ello, es importante que las entidades formulen sus proyectos para que los recursos puedan ser destinados de una manera focalizada y regionalizada a las necesidades particulares de las víctimas que están en cada una de las jurisdicciones municipales.

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Indígenas piden diálogos interculturales

La situación que enfrentan hoy 1.378.884 indígenas, evidencia la debilidad del Estado y la sociedad para garantizar sus derechos. Así lo muestra el tercer cuaderno de desarrollo humano del PNUD, “Pueblos Indígenas, Diálogo Entre Culturas”.

En este informe se destaca el contexto actual de los indígenas, quienes enfrentan diversas problemáticas, entre ellas el desplazamiento forzado. Entre 2002 a 2010, han sido 74.000 habitantes de los 87 pueblos originarios, quienes han sufrido el flagelo de abandonar su territorio. Apropiado por multinacionales y empresas nacionales quienes explotan el subsuelo.

Por eso el estudio extiende una invitación a entablar diálogos multiculturales, donde haya un verdadero reconocimiento de los derechos colectivos. Los retos de la política pública que allí se plantean tienen tres enfoques: desde el desarrollo humano, de derechos y el enfoque diferencial en las instituciones del Estado. Además de una recuperación de los territorios ancestrales y “una participación efectiva en los espacios políticos, pero no desde el asistencialismo”, como lo plantea Belkis Izquierdo, líder arhuaca.

Ver la nota completa en:

http://www.colectivodeabogados.org/Indigenas-piden-dialogos

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Proceso participativo de construcción de la Política Pública Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

En Noviembre de 2010, organizaciones e instituciones de la sociedad civil, el Gobierno Nacional, instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación, además de representantes de la Comunidad Internacional, firmaron la Declaración Conjunta de Derechos Humanos y DIH, comprometiéndose a desarrollar, acompañar y apoyar un proceso participativo de construcción de la política pública nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Esta política pública obtiene legitimidad de su construcción participativa tanto a nivel nacional pero, principalmente, a nivel regional y local, construyendo desde abajo hacia arriba.  Para lograr este objetivo, se promoverá la realización de amplios procesos de interlocución, discusión y análisis en cada uno de los 32 departamentos del país y en las regiones del Magdalena Medio, Urabá y en la ciudad de Bogotá. Estos procesos territoriales culminarán con la realización de Foros Departamentales en los que las organizaciones sociales y las autoridades estatales territoriales podrán socializar y debatir sus propuestas de contenidos e insumos para la política pública de derechos humanos y derecho internacional humanitario, con el acompañamiento de la comunidad internacional. Cada departamento y región contará con un comité de impulso conformado por organizaciones sociales e instituciones estatales, que tendrán a cargo el impulso del proceso, la definición de las agendas temáticas, la metodología y la forma de convocar a los foros, de manera completamente autónoma con el fin de garantizar un proceso democrático, participativo e incluyente.

Mayor información en http://www.laalianza.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=110:proceso-participativo-de-construccion-de-la-politica-publica-nacional-de-derechos-humanos-y-derecho-internacional-humanitario

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