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Desapariciones forzadas en Colombia: en búsqueda de la justicia

La Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) presentó un informe donde aborda la situación actual de las desapariciones forzadas en Colombia, impactos psicosociales de las desapariciones forzadas, y el marco normativo relativo a los derechos de las víctimas de violaciones derechos humanos.

Entre las conclusiones del informe, la CCEEU destaca que el Estado colombiano no está cumpliendo con las obligaciones que se derivan de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, específicamente en lo relativo a la obligación de adelantar investigaciones exhaustivas e imparciales hasta que se aclare la suerte de las víctimas, y proveer a los familiares de un mecanismo judicial rápido y efectivo como medio para encontrar a los desaparecidos.

Así mismo, señala que El estado tampoco está cumpliendo con la obligación de atender integralmente a las víctimas y sus familias incluyendo atención psicosocial que les ayude a superar los impactos y daños causados por la desaparición de un ser querido. Mientras subsista esa situación, el Estado seguirá siendo responsable por la comisión de este tipo de violaciones y por la profundización de la grave situación de derechos humanos que vive el país.

De igual forma, denuncia la CCEEU que las desapariciones forzadas se han mantenido de manera constante a lo largo del tiempo y continúan ocurriendo en la actualidad. En muchos casos, las desapariciones quedan invisibilizadas cuando ocurren conjuntamente con otras violaciones, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública de manera sistemática entre 2002 y 2008, las cuales estuvieron casi siempre acompañadas por la desaparición forzada de la víctima. De acuerdo a la información registrada por la Mesa, entre enero a diciembre de 2011, ocurrieron por lo menos 28 desapariciones forzadas, incluyendo tres personas defensoras de derechos humanos.

Para descargar el informe completo en PDF: clic acá

Escrito por Coordinación Colombia Europa Estados Unidos de organizaciones no gubernamentales (CCEEU)

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Informe anual sobre la situación de defensores de Derechos Humanos en Colombia

Martes, 06 de Marzo de 2012 – Escrito por Programa Somos Defensores

Claroscuro…así es el panorama para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia a juzgar por las cifras de agresión en su contra registradas en 2011.

El informe del Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos – Somos Defensores para 2011 que se publica hoy, contiene datos que desafortunadamente, lejos de ser sorprendentes, enlutan al país.

Un total de 239 agresiones individuales contra defensores(as), discriminados en 140 amenazas, 49 asesinatos, 6 desapariciones forzadas, 17 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 3 hechos donde el defensor(a) fue herido  y 1 casos de uso arbitrario del sistema penal, marcan la tendencia en 2011. En 2010, la cifra fue mucho menor: 174 defensores(as) agredidos.

Del total de casos registrados, el 50% fueron cometidos presuntamente por grupos paramilitares o mal llamadas BACRIM.

Es de anotar como entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, han sido publicados 7 informes de carácter internacional en el que se menciona la difícil y peligrosa situación de agresión y amenaza contra los defensores y defensoras en Colombia, al que se suma nuestro más reciente informe.

A continuación usted podrá leer el informe completo en documento PDF en dos versiones; inglés y español, también podrá ver la entrevista realizada a la Defensora de Derechos Humanos Diana Sánchez de la Asociación MINGA, quien se refiere a este mismo tema.

Informe completo en: http://asociacionminga.org/pdf/libros/infosomosdef2011061312.pdf

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Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia

El presente informe destaca los avances positivos adelantados por el Gobierno de Colombia en la promoción y protección de los derechos humanos en 2011, así como las preocupaciones existentes. Además resume las actividades más importantes llevadas a cabo por la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y propone recomendaciones prácticas para mejorar la situación de derechos humanos en el país.

En 2011 se abrieron y ampliaron espacios políticos para el trabajo de promoción y protección de los derechos humanos. La Alta Comisionada valora los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el Estado de Derecho. El Gobierno emprendió importantes iniciativas legislativas y de política pública, condenó una serie de violaciones de derechos humanos y tomó acción contra la corrupción y el despojo de tierras. Sin embargo, hasta ahora, estos esfuerzos no han logrado el impacto deseado a nivel local. De particular importancia fueron las significativas iniciativas para corregir violaciones a los derechos humanos del alcance de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” o de las interceptaciones ilegales masivas por servicios de inteligencia, registradas en años anteriores. La adopción de la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” ha demostrado la voluntad política y compromiso del Gobierno con los derechos de las víctimas del conflicto armado interno con independencia de la identidad de los victimarios. Para continuar mejorando la situación, la participación activa y directa de la sociedad civil, especialmente de las víctimas y sus organizaciones, es de especial relevancia.

Por otra parte, continuó cometiéndose un número significativo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sobre todo por grupos armados ilegales, pero también presuntamente por agentes estatales. El continuo alto grado de violencia y la persistencia del conflicto armado interno tienen graves consecuencias humanitarias para la población civil.

Descárguelo aquí: Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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Presentación del Informe “El sector extractivo en Colombia”

Desde hace varios años el sector extractivo ha ganado una importancia creciente en el país, tanto por su peso en el conjunto de la economía como por factores relacionados con la distribución de la renta pública generada, la especialización o dependencia económica que se viene configurando, la reacción social para ponderar la preservación ambiental por encima de la extracción y la relación -poco documentada- de actores armados ilegales y mafias con el sector. Como una contribución a este debate la Fundación Foro Nacional por Colombia (en adelante Foro), con el apoyo del Revenue Watch Institute (RWI), ha elaborado este reporte inicial, cuyo propósito es ofrecer un panorama general del sector que sirva como punto de partida para futuros ejercicios de monitoreo e incidencia ciudadana en la materia, tanto a nivel nacional como local.

El reporte aborda cuatro bloques temáticos. El primero tiene que ver con la regulación del sector y el papel particular del Estado en materia de contratación, vigilancia y control. El segundo bloque se refiere a la política estatal para el sector, el peso que éste ha venido teniendo en la economía, sus proyecciones y las expectativas de generación de riqueza futura. El tercero se centra en el análisis de lo que ha sido la generación y distribución de regalías. A este último respecto, se incluye una breve referencia a los instrumentos normativos que las definen, así como a los elementos centrales de regulación, lo que las regalías implican en términos de ingresos del sector público y los usos que le han dado las entidades territoriales. Este punto en particular aborda también la reforma reciente de las regalías y sus implicaciones más notorias en el comportamiento del sector y en la distribución de la renta generada.

El último bloque ofrece un panorama inicial de lo que son las áreas y las razones de conflictos asociados al sector extractivo. Este es el apartado que más dificultades enfrentó para su elaboración, dada la escasa información secundaria existente y el casi inexistente monitoreo que hacen las autoridades encargadas del tema.

Vea el informe completo: Informe “El sector extractivo en Colombia”

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LANZAMIENTO DEL INFORME “EL SECTOR EXTRACTIVO EN COLOMBIA”

La Fundación Foro Nacional por Colombia y el Revenue Watch Institute realizarán, el día jueves 9 de febrero del presente año, la presentación del informe “El sector extractivo en Colombia”. Que tendrá lugar en el Club de Ejecutivos a partir de las 8 a.m., y contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos el Profesor Diego Otero, Rector de CORCIENCIA, Bucaramanga; Javier Azpur, coordinador de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas, de Perú; Carlos Monge, del Revenue Watch Institute; Moema Miranda de IBase, Brasil, y Fabio Velásquez, de la Fundación foro Nacional por Colombia.

El informe ofrece un panorama general del sector que servirá como punto de partida para futuros ejercicios de monitoreo e incidencia ciudadana en la materia, tanto a nivel nacional como local.

El documento consta de cuatro partes: la primera hace un recuento de los cambios normativos e institucionales en el sector y examina la evolución del papel del Estado en su manejo. El segundo bloque se refiere a la política estatal para el sector, el peso que éste ha venido teniendo en la economía, sus proyecciones y las expectativas de generación de riqueza futura. El tercer capítulo se centra en el análisis de la generación y distribución de regalías, incluida su reforma reciente, así como sus implicaciones más notorias en el comportamiento del sector y en la distribución de la renta generada. Finalmente, el último apartado examina los campos potenciales de conflicto asociados al sector extractivo.

La Fundación Foro Nacional elaboró el informe como una contribución al debate que se ha generado sobre al sector extractivo, una de las locomotoras del desarrollo en el país, como la definió el gobierno del Presidente Santos en el plan Nacional de Desarrollo. El sector ha ido ganando importancia en el conjunto de la economía. Su expansión plantea interrogantes sobre temas cruciales como la distribución de la renta pública generada, la dependencia económica que se viene configurando, la movilización social en dfensa del medio ambiente y la relación -poco documentada hasta ahora- del sector con los actores armados.

Fecha: 9 de febrero de 2012

Hora: 8 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar: Club de Ejecutivos

Bogotá D.C.

NOTA: Lamentablemente el cupo máximo de personas para el evento ha sido alcanzado y por ende las inscripciones han sido cerradas.

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INFORME PRELIMINAR: Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la defensa de los derechos humanos en Colombia

Esta Misión Internacional de Verificación consta de 40 personas de 15 países, entre diputados, juristas y defensores y defensoras de derechos humanos. Por invitación de la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, y con intención de hacer seguimiento al informe de la relatora especial sobre de la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, la Misión ha visitado 8 regiones del país el 28 noviembre a 2 diciembre de 2011 para entrevistarse con varias docenas de organizaciones y centenares de defensores y defensoras, así como con autoridades locales, regionales y nacionales.

Desarrollo del trabajo de la misión

La Misión ha centrado su trabajo en cinco grandes temas en relación con las dificultades y riesgos que enfrentan los defensores/as de derechos humanos en Colombia, como son la impunidad en que permanecen los ataques contras los/as defensores/as, la falta de protección, el señalamiento y estigmatización, el mal uso de la inteligencia estatal contra ellos/as, y las judicializaciones sin fundamento.

La Misión ha aplicado el concepto amplio de defensor/a de derechos humanos que señala la ONU, en el sentido de que un/a defensor/a es toda persona que defiende sus derechos humanos y los de otros, como líderes campesinos, mujeres, afrodescendientes, e indígenas, líderes desplazados, sindicalistas, y abogados.

La razón principal de realizar esta Misión es la difícil situación que viven las y los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre julio de 2010 y mayo de 2011, ha habido en Colombia 255 agresiones contra quienes defienden los derechos humanos. De éstas, 54 fueron asesinatos, según el Informe del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensoras y Defensores (SIADDHH), del Programa Somos Defensores. Sin embargo, la Misión ha realizado su trabajo con un espíritu de esperanza, apoyado en las palabras del Presidente Juan Manuel Santos, que se refieren a la defensa de los derechos humanos como un “compromiso indeclinable” y con “convicción profundamente democrática, ética y humana”.

Esta Misión ha constatado, a partir de un alto número de testimonios, una serie de agresiones en los últimos dos años contra defensores/as, incluyendo asesinatos, atentados, desapariciones forzadas, y amenazas.

Los ataques contras los/as defensores/as permanecen en la impunidad

Durante nuestra visita hemos tomado nota de que, en su gran mayoría, las agresiones a los defensores, incluyendo crímenes graves como asesinatos y desapariciones, continúan en la impunidad. Tuvimos noticia de casos en los que los denunciantes dieron incluso nombres y apellidos de las personas que los amenazaban, y sin embargo las investigaciones no han avanzado. Hemos sabido de pocos casos en los cuales los responsables de las agresiones fueran llevados ante la justicia.

Hemos observado una serie de factores que contribuyen a la impunidad. En primer lugar, hemos constatado un temor generalizado al denunciar las agresiones, por la realidad de las represalias que sufren quienes las denuncian. Algunos de los ejemplos de preocupación que hemos escuchado incluyen que algunas fiscalías operan dentro de guarniciones militares; que los denunciantes son llamados a una instalación militar para ratificar la queja; las denuncias se filtran y aparecen pocos días después en manos de los agresores; en ocasiones los organismos de investigación tienen una actitud amenazante frente a determinados grupos vulnerables.

En segundo lugar, observamos que muchas autoridades (a nivel regional) niegan la existencia de grupos armados ilegales, particularmente de los paramilitares o nuevos grupos ilegales. Dicha negación no conduce a investigaciones serias en casos de agresiones ni a medidas de prevención.

En tercer lugar encontramos que en muchas ocasiones las agresiones a los/as defensores/as son considerados como casos aislados y tipificados como un delito común, sin relación con su labor de defensa de derechos humanos o con su pertenencia a una comunidad o grupo amenazado.

Finalmente, hemos conocido algunos casos en los cuales la Fiscalía se muestra remisa a recibir denuncias, aduciendo que está saturada de casos.

Lastimosamente, tenemos que decir que esta situación contrasta con la aparente diligencia con la que avanzan las investigaciones cuando un/a defensor/a es judicializado.

La protección que reciben los/as defensores/as no es adecuada

El programa de protección del gobierno de Colombia ha sido y es muy necesario, ha contribuido claramente a la protección de defensores/as, y sin duda ha salvado vidas.

Sin embargo, de acuerdo a los testimonios recabados, observamos que los esquemas de protección no tienen una perspectiva integral. No contemplan muchas veces, en especial en las regiones que el defensor/a pueda seguir ejerciendo su labor. Falta hasta el momento el desarrollo en las medidas de enfoques diferenciados para tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres, indígenas, Afrocolombianos, LGTBI. Hasta ahora, no se han implementado medidas de protección colectivas que sobre todo afectan a procesos de restitucion de tierras.

Con frecuencia, hemos constatado, que las evaluciones de riesgo se realizan de manera lenta, burocrática, y han generado fuertes discrepancias entre las percepciones de riesgo de defensores y organizaciones y los bajos niveles de calificación de riesgo otorgados por el Programa. Hemos recibido testimonios incluso de que las medidas concedidas han llegado después de que el/la defensor/a haya sufrido la agresión.

Con gran preocupación hemos observado también que practicamente no hay avances en las investigaciones que se realizan para el sometimiento ante la justicia de quienes agreden a los/as defensores/as, a pesar de que en ocasiones se identifica en las denuncias a los agresores. De poco sirven las medidas de protección si las agresiones quedan en la impunidad. En este sentido, consideramos que no hay mejor manera de proteger la labor de defensa de derechos humanos que luchando contra la impunidad.

Los señalamientos y estigmatizaciones siguen contra quienes defienden los derechos humanos

La Misión encontró que las prácticas de señalamientos y estigmatizaciones son todavía demasiado frecuentes. En las 8 regiones visitadas fueron reportados panfletos anónimos y otros elaborados por nuevos grupos armados al margen de la ley, con amenazas a los defensores. La misión también tuvo noticia de casos, en áreas rurales con fuerte presencia de la insurgencia, en las cuales el ejército distribuye panfletos con nombres y fotos de líderes, o hace anuncios en la radio pidiendo que “se desmovilicen”, en tal manera señalándolos como guerrilleros. Esta estigmatización afecta a comunidades enteras.

Esta misma misión ha escuchado, en reuniones con autoridades regionales y locales, expresiones que hacen de menos y descalifican a los/as defensores/as como el caso de El Tamarindo, en las afueras de Barranquilla.

Esta misma mision ha escuchado, en reuniones con autoridades. Hemos tenido noticia de casos en que las autoridades civiles y militares, a nivel regional, señalan y estigmatizan a las/os defensores/as que participan en actividades de protesta social. Por ejemplo, hemos tenido noticia de señalamiento de la policía antimotines (ESMAD) contra estudiantes que participan en protestas, acusándolos de “guerrilleros”.

También hemos notado un incremento en señalamientos provenientes de actores no estatales, como las empresas mineras, cuando las comunidades expresan preocupaciones por los posibles impactos de las actividades de dichas empresas.

Finalmente, notamos con mucha preocupación una creciente tendencia por la cual se desprestigia a las víctimas que están buscando justicia, con descalificaciones tildándolas de “oportunistas”.

El mal uso de inteligencia estatal contra defensores/as

La Misión reconoce y saluda las medidas que el Gobierno ha tomado para reformar los sistemas de inteligencia estatal. Esperamos que este proceso tenga su efecto en prevenir el mal uso de la inteligencia contra defensores/as.

Sin embargo, en nuestra Misión hemos recibido numerosas informaciones en el sentido de que los defensores/as siguen muy preocupados por hechos como robos de información en sus sedes, por fuerza pública filmando o tomando fotografías en eventos públicos, y realizando preguntas inadecuadas a defensores y población, y por la posibilidad que sus teléfonos estén interceptados.

Nos preocupa particularmente los reportes que hemos tenido, de modo consistente, recientemente y en todas las regiones visitadas, sobre múltiples casos de robos de computadoras y otros sistemas de información sobre casos y trabajo de los/as defensores/as. Hemos sabido también en nuestras visitas a regiones que estos casos sistemáticamente se califican como “hurto” por las autoridades, y que no se ha avanzado en la tarea de encontrar y enjuiciar a los responsables.

Finalmente, se nos ha reportado el uso de información proveniente de inteligencia militar en la judicialización de defensores, pese a que existe jurisprudencia clara y memorandos de la Dirección Nacional de Fiscalías que establecen que la inteligencia militar nunca puede ser considerada como prueba en una causa penal.

Judicializaciones en contra de defensores/as

La Misión ha conocido repetidos casos de defensores que han sido judicializados en procesos con múltiples irregularidades, denunciadas dentro y fuera de dichos procesos, tales como el mencionado uso de información de inteligencia militar en su contra, o de testimonios personales de desmovilizados, que a menudo han recibido pagos por sus testimonios.

La Misión ha recibido testimonio que en caso de un solo sindicato se manifiesta de 6.000 procesos abiertos contra los miembros de su junta directiva.

La Misión ha sabido que la Fiscalía ha iniciado un proceso para mejorar la investigación de los casos contra defensores/as para evitar judicializaciones infundadas, y esperamos que este proceso arroje frutos lo antes posible.

Hemos tenido noticias de numerosos casos de detenciones individuales y masivas y judicializaciones de defensores/as que realizan actividades de protesta social, como la oposición a proyectos mineros, de infraestructura, problemática de tierras, y jóvenes que participaron en las recientes protestas estudiantiles, entre otros. Asimismo, hemos recogido numerosas preocupaciones en el sentido de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana haga posible estas actuaciones contra defensores/as y comunidades.

Recomendaciones

Los y las integrantes de la Misión Internacional, manifestando nuestra solidaridad y apoyo incondicional a las acciones y propuestas de los y las defensoras de derechos humanos de Colombia y a las víctimas que defienden, y mostrando para ellos y ellas nuestro profundo agradecimiento por su hospitalidad y esfuerzo en la organización de las Misiones, en especial en cada una de las regiones invitadas, de acuerdo a lo observado y a los testimonios recogidos RECOMENDAMOS ante las autoridades del Estado colombiano:

1. PONER FIN A LA IMPUNIDAD frente a la violaciones que sufren tanto las víctimas como quienes defienden sus derechos. Esta solicitud se traduce en las siguientes recomendaciones:

* Que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, y la recién creada Agencia de Protección del Ministerio del Interior, en coordinación con una unidad especial de la Fiscalía General de la Nación, investiguen y centralicen con celeridad todas las violaciones cometidas contra defensores/as de derechos humanos; identificando la cadena de responsabilidad de mando en los crímenes, haciendo seguimiento a todos los casos hasta que se haga justicia y haciendo públicos los resultados de sus investigaciones.

* Que todas las investigaciones y procesos por violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados miembros de la Fuerza Pública se adelanten ante la justicia penal ordinaria. Vemos en este sentido con gran preocupación la posibilidad de que se apruebe en el ámbito de la reforma de la justicia el Fuero militar, que es contrario a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas

* Que terminen de retirarse de las guarniciones militares las Fiscalías, asegurando su independencia e imparcialidad y ofreciendo garantías y recursos para que tanto los y las defensoras de derechos humanos como las víctimas que defienden puedan acceder a la justicia

2. MEJORAR DE MANERA ESTRUCTURAL LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO, que se ha de traducir en:

* Que los cambios anunciados y puestos en marcha en los programas de protección del Ministerio del Interior, tendentes a mejorar los estudios de riesgo, las medidas de protección y su eficacia y rapidez, puedan evaluarse en los próximos meses en conjunto con las organizaciones para verificar su eficacia y resultados. En particular, consideramos esencial que los cambios respondan siempre a las necesidades de los y las defensoras en cada una de las regiones del país, cuenten con la participación de las organizaciones y se apliquen con enfoques diferenciados, que atiendan las necesidades y apuestas específicas de mujeres, población LGBT, pueblos indígenas y afrodescendientes.

* Que el sistema de protección tenga carácter integral, permitiendo que el defensor/a pueda continuar su labor de defensa y que incluya medidas políticas, sociales y de prevención para el reconocimiento y legitmación de la labor de los y las defensoras

* Que se garantice que los escoltas y conductores no tengan o hayan tenido vínculos con grupos armados ilegales y se garantice que no realicen acciones de inteligencia

* Que todos estos programas y medidas cuenten con recursos financieros y humanos suficientes para garantizar la efectiva protección de los y las defensoras

* Que se diseñe e implemente una política de protección efectiva para los procesos de reclamación y restitución de tierras.

3. PONER FIN A LA ESTIGMATIZACION Y LOS SEÑALAMIENTOS SISTEMATICOS, que se ha de traducir en:

* Que el Presidente de la República y otros altos funcionarios del gobierno reconozcan con amplia repercusión pública la legitimidad e importancia del trabajo de los y las defensoras de derechos humanos, absteniéndose de hacer declaraciones que desprestigien su trabajo, condenando los ataques en su contra y emitiendo un marco normativo que ordene a todas las autoridades a respetar y proteger su labor

* Que el Presidente de la República, en su papel de jefe supremo de las fuerzas armadas, asegure que los mandos militares se abstengan de hecer señalamientos a los defensores.

* Que la Procuraduría General de la Nación inicie procesos disciplinarios contra todo funcionario/a público/a que con su acción u omisión promueva o permita violaciones a los derechos de los defensores/as y de las víctimas que defienden, y aplique en su integridad la Directiva 012 de 2010.

* Que dejen de sembrarse dudas por autoridades y medios de comunicación sin una investigación completa y finalizada sobre casos de violaciones graves de derechos humanos, como si fueran casos emblemáticos de “fraude” y evitando las generalizaciones que colocan a las víctimas y defensores/as ante un mayor riesgo

4. PONER FIN AL MAL USO DE LA INTELIGENCIA ESTATAL, que se ha de traducir en:

* Garantizar que los y las defensoras puedan tener acceso a la información contenida en los archivos de inteligencia, que no se recoja información a través de la Inteligencia relativa a su labor y que no se utilice como evidencia en procesos penales en su contra. En este sentido, solicitamos la desclasificación y apertura al público de los archivos del DAS siguiendo el ejemplo de otros países de la región.

* Que las autoridades estatales revisen y excluyan de estas informaciones datos sin fundamento que incriminen o prejuzguen a cualquier persona, en especial si es defensor/a de los derechos humanos, investigando y avanzando en los procesos que se siguen contra funcionarios implicados en interceptaciones ilegales, ya sean autores materiales o intelectuales.

* Que se establezcan controles efectivos y permanentes para que ni la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, ni ninguna otra institución en Colombia cometa abusos en las actividades de inteligencia. Así mismo es fundamental que se adopten medidas para garantizar que la información que se obtenga de estas actividades no sea filtrada a los actores armados, ni sea utilizada con fines diferentes a los establecidos en la Constitución.

5. PONER FIN A LAS JUDICIALIZACIONES SIN FUNDAMENTO:

* Garantizar que la protesta social pueda ejercerse como un derecho ciudadano y no sea criminalizada o vinculada con los actores armados del conflicto.

* Que se abran procesos penales y disciplinarios en contra de todo funcionario/a público/a que viole la ley investigando sin fundamento a defensores/as de derechos humanos, ordenando las sanciones correspondientes y sin que queden en la impunidad ante organismos de control interno.

* Que se rechace por las autoridades cualquier testimonio manifiestamente inverosímil o que provenga de testigos o informantes de dudosa credibilidad.

Conclusiones

La Misión quiere extender su agradecimiento a las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales por su disposición para recibirnos, por su colaboración para la elaboración de este informe y por la información que nos han proporcionado.

Destacamos así mismo el compromiso que hemos visto en varios funcionarios, quienes de manera valiente y decidida vienen cumpliendo sus responsabilidades para garantizar el respeto a los derechos humanos y el trabajo de quienes los defienden en las diferentes regiones del territorio.

Por otra parte, y de manera particular, queremos agradecer a los centenares de defensoras y defensores de derechos humanos que han compartido con la Misión su situación, sus preocupaciones, las dificultades para el ejercicio de su labor y sus sueños para un lograr un mejor país.

Finalmente, para nosotros es muy esperanzador ver la riqueza de actividades que se realizan para buscar la mejoría de la situación de derechos humanos en el país, así como la pluralidad de defensoras y defensores que trabajan para construir una Colombia mejor. Solamente si ellas y ellos cuentan con plena libertad y respeto para ejercer su importante y legítima labor, se podrá lograr una Colombia en la que imperen el Estado social de derecho y la justicia.

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