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Concierto Solidario

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Prensa promueve sentimientos de racismo, segregación e intransigencia ciudadana en el departamento del cauca

Violación al buen nombre del CRIC y al derecho a estar bien informado, una siutación recurrente en la prensa colombiana.

Que un periodista nacional, de esos que nunca sale de su cabina, entreviste a Ana Silvia Secue y se admire de sus planteamientos resulta comprensible, pero que sea Francisco Santos, Ex-vicepresidente del gobierno Uribe, uno de los responsables de la creación de la Opic, organización de la que la entrevistada es su principal vocera, no es más que un acto cínico, en donde un agente del poder usa un medio informativo para tergiversar la verdad y crear condiciones para romper o hacer más difícil la convivencia ciudadana.

La situación sucedió el día 16 de julio y fue protagonizada por el actual socio de rcn y del periódico El Tiempo, Francisco Santos, quién desarrolló un dramatizado, donde, con entusiasmo de locutor deportivo hizo la siguiente presentación “Otra voz del Cauca, una voz distinta, una voz que, dijo no más. Me aburrí. Me abro, no quiero seguir haciendo sí, no quiero seguir eh… escuchando las mismas cosas, ¿quién es Espinosa?”. Viene luego toda una diatriba contra el CRIC, Autoridad tradicional de los pueblos indígenas del Cauca, estimulada por periodistas desinformados de la verdadera situación regional. Este estilo mediático, que ha hecho escuela en Colombia, se fortalece con la mentira y el rumor programado por mentes perversas que usan a las personas, contribuyendo a fomentar la idea que quienes hablan mal de los contradictores del gobierno son valientes, mientras quienes lo critican son malos y amigos del terrorismo. Esto se comprueba luego, cuando el periodista de marras sentencia con voz meliflua, aumentando el dramatismo “…Ana Silvia a usted no le da miedo hacer estas declaraciones, usted sabe que esto lo cobran las farc y sus milicianos allá adentro, y, ¿usted no está amenazada?, a usted no le da miedo que la maten por decir algo que nadie se atreve a decir…”

Cabe preguntarse, qué distinto dijo la vocera de la opic que no haya dicho ya el ex–presidente Uribe, que no hayan dicho los generales de la república, que no haya dicho el ex-gobernador Juan josé Chaux, que no hayan expresado varios ministros del actual gobierno, es decir, que no hayan dicho los señores de esa derecha recalcitrante que se niega aceptar las acciones de resistencia y defensa a la vida que realizan los indígenas Nasa del norte del Cauca y en general los indígenas de todo el país. Es claro que Francisco Santos, primo hermano del actual presidente de Colombia, hace parte de una élite nacional que no acepta el reclamo frente al derecho fundamental a defender la vida y a permanecer como pueblos.

Sin lugar a dudas el señor Santos no es tonto, aunque a veces pareciera que él quisiera que así lo vean los colombianos, y como no lo es, él sabe que en Colombia, según la Corte constitucional, hay 34 pueblos que están en riesgo de desaparición forzada, entre ellos siete pueblos indígenas del Cauca, siendo uno de ellos el Pueblo Nasa. Sabe también que dicha situación ha sido generada por la permanencia de un conflicto armado que no nos pertenece y que se desarrolla en nuestros territorios ancestrales desatendiendo nuestras exigencias. En consecuencia, desalojar a la guerrilla y exigir que la fuerza pública no esté más en medio de la sociedad civil, más cuando esos territorios son propiedad colectiva, ha sido una decisión tomada por comunidades y autoridades indígenas después de comprobar que, solo en el norte del Cauca, se han perpetrado cerca de 600 episodios armados que han dejado por lo menos 2500 víctimas civiles, en un periodo menor a 18 meses, de las cuales más de un centenar ha perdido la vida.

En este contexto es importante recordar que la opic se creó para negar la voluntad colectiva, pues su historial está lleno de documentos y expresiones que invitan a que la los comuneros indígenas se retiren de los censos de los cabildos, proscriban la educación propia y la medicina tradicional y reclamen la propiedad privada como forma de tenencia de tierra. La construcción de la opic fue un proceso lleno situaciones paradójicas, que, aunque la desconoce la opinión pública, el señor Francisco Santos sí las conoce por haber sido en el periodo de su gestión que se creó ese entuerto. Veamos algunas de las circunstancias destacables del proceso: a) En el acta de constitución opic, presentada ante cámara de comercio, aparecen registrados como fundadores varios mandos de la fuerza pública, funcionarios del gobierno Uribe y del gobierno Chaux; b) El distintivo de su hoja membrete es un águila negra en descenso; c) Uno de los directivos fue jefe de un reconocido grupo de autodefensas campesinas que operaba en la región y quién tiene varias investigaciones por participación en la masacre del Naya; c) Por haber sido primero la opic una ONG registrada en cámara de comercio se limitaba la posibilidad de apoyos institucionales, por lo cual la oficina de asuntos étnicos del ministerio del interior facilitó la creación de la única organización interétnica del país (ojo, no indígena) denominada opic y lograda mediante el engaño a dos comunidades indígenas Waunam del Chocó, las cuales, curiosamente, dejaron como directivos a dos personas del Cauca, una de ellas la señora Ana Silvia Secue.

Entonces no extraña escuchar la melodramática voz de un integrante del gobierno Uribe expresar “Dios mío, yo no había oído una declaración tan fuerte de un indígena, la golpearon y sabe cuándo perdió el miedo, cuando la guardia indígena la golpeo… porque decidió llevar desayunos escolares para sus niños. Pues Ana Silvia Secué, muy valiente la felicito, muy valiente por este testimonio… mucha suerte”.

La entrevista de rcn radio, en horas de la mañana del día lunes 16 de julio del 2012, es un buen ejemplo de cómo en Colombia se violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución Política, pues no solamente se informa de forma parcial y mentirosa sino que afectan la honra y el buen nombre de personas, en este caso de colectivos como lo son los pueblos indígenas del Cauca y nuestro proceso organizativo CRIC, lo cual tiende a romper la convivencia ciudadana y afecta el derecho a la paz de los colombianos, siendo uno de sus principales objetivos crear condiciones de animadversión ciudadana y que permitan judicializar a comuneros indígenas rompiendo el debido proceso y colocar como objetivo militar a las comunidades indígenas que reclaman defensa y garantía de sus proyectos vida y de sus procesos de autonomía territorial.

 Es de trascendental importancia que el comportamiento de ciudadanos, tanto nacionales como regionales y locales de Popayán, que se escudan como trabajadores de los medios de comunicación para exponer sus puntos de vista, sea investigada por los organismos de control del Estado colombiano y por las instituciones de la justicia, pues individuos como Francisco Santos, usan los medios de forma parcial, no garantizan el derecho de los colombianos a estar bien informados, pues usan frases que son más peligrosas que las balas de los grupos armados mientras utilizan las voces dispersas de la llamada opinión pública para fomentar el odio y la discriminación a nombre de organizaciones creadas para tal fin.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC
Autoridad Tradicional
Resolución No. 025 del 8 de Julio de 1999 Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior
Calle 1 No.4-50 Tel. 8242153 – 8240343 E mail: cric@cric-colombia.org

Escrito por CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC

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Solidaridad con las comunidades del norte del Cauca

El día de hoy 9 de julio de 2012 nos reunimos en el Parque Nacional en Bogotá las organizaciones sociales y personas solidarias con el Cauca para rechazar los hechos de violencia que se siguen presentando en en este departamento.

Dentro de las organizaciones acompañantes se encuentra la Asociación MINGA, quien también se encuentra preocupada por el impacto de la guerra que por estos días los está azotando con gran fuerza.

El encuentro no solo se realizó para el rechazar los actos de barbarie que se están presentando actualmente, sino también para conmemorar el triste aniversario de una chiva bomba que fue ubicada en el puesto de policía del municipio de Toribío, el 9 de Julio de 2011 al tiempo que fue activado otro explosivo en la sede del Banco Agrario en este mismo municipio.

La detonación destruyó varias casas vecinas, las esquirlas alcanzaron a varias personas que se concentraban en los alrededores, el daño fue aún mayor puesto que era sábado y este es un día para hacer mercado. El saldo de los hechos del 9 de julio de 2011 fueron: 480 familias damnificadas en sus viviendas, tres civiles y un militar muerto, 128 personas heridas, entre ellos 17 niños y niñas.

Por estos días se repiten las escenas de 2011, incluso con mayor intensidad. El día domingo 8 de julio de 2012, a las 11: 15 a.m. se presentó un nuevo ataque por parte de la Guerrilla de las FARC-EP en el Municipio Caucano de Toribío, el cual dejó como resultado a cuatro personas heridas que laboran en el programa de salud de la IPS. Según las informaciones de las comunidades indígenas, los hechos se produjeron cuando un artefacto explosivo artesanal (tatuco) estalló cerca al puesto de salud de la localidad.

El día de hoy autoridades Indígenas del Norte del Cauca marchan a Toribío para hablar con los actores del conflicto, guerrilla y militares, para exigirles el cese al fuego que ha dejado 6 heridos y muchas comunidades desplazadas así como muchas familias confinadas por temor a lo que pueda suceder. A esta hora desde Santander de Quilichao y otros municipios del Norte del Cauca las autoridades y comunidades indígenas avanzan hacia al lugar de los hechos para exigir el alto al fuego, “queremos pedirle tanto al ejercito como la guerrilla que abandonen la zona y no pongan a nuestras comunidades como escudos de guerra”, señaló un dirigente de la ACIN. La Asociación MINGA manifiesta su apoyo a estos pronunciamiento de las autoridades indígenas.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte- ACIN- Cxhab Wala Kiwe, en las últimas horas informó que nuevamente se agravó la situación humanitaria, que en un acto de clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, se activó un tatuco (artefacto explosivo) contra la IPS de Toribio dejando 4 heridos más y varias familias afectadas. Por su parte Feliciano Valencia consejero de la ACIN manifestó que la gente está cansada de tanta guerra y pidió que haya un acompañamiento internacional y de los organismos defensores de derechos y humanos para el ingreso de las personas delegadas por las autoridades indígenas para exigir el cese al fuego.

Más de 400 tomas guerrilleras en Toribio, mas los muertos, heridos, desplazados, viviendas destruidas, campos minados, cosechas perdidas, estudiantes sin clases, dolor, impunidad, tristezas, huérfanos, viudas, amenazas, señalamientos, y toda clase de atropellos que van contra vida, las normas, la dignidad y la justicia; la Asociación MINGA manifiesta su solidaridad con las víctimas y sus familias, señala su compromiso con el departamento del Cauca y con sus organizaciones. Repudiamos las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario por todos los actores del conflicto armado en el departamento. Rechazamos cualquier ataque a la población civil, contra las organizaciones populares y contra el territorio.

Escrito por minga

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Invasiones arbitrarias al territorio Awá

Las autoridades tradicionales Indígenas del pueblo Awá UNIPA denuncian la invasión de maquinas retroexcavadoras, las cuales atraviesan de manera abusiva, el resguardo Indígena Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco en Nariño.

El paso constante de estas maquinas por el resguardo está generando malestar a los habitantes del sector y pone en riesgo la biodiversidad de la zona, generando una grave destrucción a la madre tierra.

Es preocupante la situación que están viviendo los indígenas del pueblo Awá, puesto que la autorización del paso permanente de las retroexcavadoras por esta zona, ha sido entregado por las alcaldías de Tumaco y Roberto Payan sin tener en cuenta las opiniones de las comunidades y organizaciones para la toma de decisiones.

Por esta razón las comunidades tradicionales indígenas denuncian este hecho arbitrario y alertan a las diferentes instituciones gubernamentales para que intervengan en estos actos abusivos y dañinos para su territorio.

La Asociación MINGA comparte con ustedes el comunicado elaborado por la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, para obtener mayor información.

Comunicado

Página UNIPA

Escrito por minga

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Declaración Final Cumbre de los Pueblos en Río + 20

El documento final de la Cumbre de los Pueblos sintetiza los principales ejes discutidos durante las plenarias y asambleas, y expresa también las intensas movilizaciones ocurridas durante ese período –del 15 al 22 de junio–, las cuales señalan las convergencias en torno de las causas estructurales y las falsas soluciones, de las soluciones de los pueblos frente a las crisis, así como los principales ejes de lucha para el próximo período.

Las síntesis aprobadas en las plenarias integran y complementan este documento político para que los pueblos, movimientos y organizaciones puedan continuar convergiendo y profundizando sus luchas y la construcción de alternativas en sus territorios, regiones y países en todos los rincones del mundo.

DECLARACIÓN FINAL

Cumbre de los Pueblos en la Río+20 por Justicia Social y Ambiental

En defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida

Movimientos sociales y populares, sindicatos, pueblos, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas de todo el mundo presentes en la Cumbre de los Pueblos en la Río+20 por Justicia Social y Ambiental, vivenciaron en los campamentos, en las movilizaciones masivas, en los debates, la construcción de convergencias y alternativas, conscientes de que somos sujetos de otra relación entre humanos y humanas y entre la humanidad y la naturaleza, asumiendo el desafío urgente de frenar la nueva fase de recomposición del capitalismo y de construir, a través de nuestras luchas, nuevos paradigmas de sociedad.

La Cumbre de los Pueblos es el momento simbólico de un nuevo ciclo en la trayectoria de luchas globales, que produce nuevas convergencias entre movimientos de mujeres, indígenas, negros, juventudes, agricultores/as familiares y campesinos, trabajadores/as, pueblos y comunidades tradicionales, quilombolas, luchadores por el derecho a la ciudad, y religiones de todo el mundo. Las asambleas, movilizaciones y la gran Marcha de los Pueblos fueron los momentos de expresión máxima de estas convergencias.

Las instituciones financieras multilaterales, las coaliciones al servicio del sistema financiero, como el G8/G20, la captura corporativa de la ONU y la mayoría de los gobiernos demostraron irresponsabilidad para con el futuro de la humanidad y del planeta y promovieron los intereses de las corporaciones en la conferencia oficial. En contraste con esto, la vitalidad y la fuerza de las movilizaciones y de los debates en la Cumbre de los Pueblos fortalecieron nuestra convicción de que sólo el pueblo organizado y movilizado puede liberar al mundo del control de las corporaciones y del capital financiero.

Hace veinte años el Forum Global, también realizado en el Aterro do Flamengo, denunció los riesgos que corrían la humanidad y la naturaleza con la privatización y el neoliberalismo. Hoy afirmamos que, además de confirmar nuestro análisis, ocurrieron retrocesos significativos en relación con los derechos humanos ya reconocidos. La Río+20 repite el fallido itinerario de falsas soluciones defendidas por los mismos actores que provocaron la crisis global. A medida que esa crisis se profundiza, más avanzan las corporaciones contra los derechos de los pueblos, la democracia y la naturaleza, secuestrando los bienes comunes de la humanidad para salvar al sistema económico-financiero.

Las múltiples voces y fuerzas que convergen en torno de la Cumbre de los Pueblos denuncian la verdadera causa estructural de la crisis global: el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico.

Las corporaciones transnacionales continúan cometiendo delitos con la sistemática violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza con total impunidad. De la misma forma, avanzan sus intereses a través de la militarización, de la criminalización de los modos de vida de los pueblos y de los movimientos sociales promoviendo la desterritorialización en el campo y en la ciudad.

De la misma manera, denunciamos la deuda ambiental histórica que afecta mayormente a los pueblos oprimidos del mundo, y que debe ser asumida por los países altamente industrializados, los cuales, al fin y al cabo, fueron los que provocaron las múltiples crisis que vivimos en la actualidad.

El capitalismo también lleva a la pérdida del control social, democrático y comunitario sobre los recursos naturales y servicios estratégicos, que continúan siendo privatizados, convirtiendo derechos en mercaderías y limitando el acceso de los pueblos a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia.

La llamada “economía verde” es una de las expresiones de la actual fase financiera del capitalismo que también utiliza viejos y nuevos mecanismos, tales como la profundización del endeudamiento público-privado, el estímulo excesivo al consumo, la apropiación y concentración de las nuevas tecnologías, los mercados de carbono y la biodiversidad, la apropiación ilegal y la extranjerización de tierras y las asociaciones público-privadas, entre otros.

Las alternativas están en nuestros pueblos, nuestra historia, nuestras costumbres, conocimientos, prácticas y sistemas productivos, que debemos mantener, revalorizar y ganar en escala como proyecto contrahegemónico y transformador.

La defensa de los espacios públicos en las ciudades, con gestión democrática y participación popular, la economía cooperativa y solidaria, la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo, el cambio de la matriz energética, son ejemplos de alternativas reales frente al actual sistema agro-urbano-industrial.

La defensa de los bienes comunes pasa por la garantía de una serie de derechos humanos y de la naturaleza, por la solidaridad y respeto a las cosmovisiones y creencias de los diferentes pueblos, como, por ejemplo, la defensa del “Buen Vivir” como forma de existir en armonía con la naturaleza, lo que presupone una transición justa, a ser construida con los/las trabajadores/as y los pueblos.

Exigimos una transición justa que supone la ampliación del concepto de trabajo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y un equilibrio entre la producción y reproducción, para que ésta no sea una atribución exclusiva de las mujeres. Esta transición pasa además por la libertad de organización y el derecho a la contratación colectiva, así como por el establecimiento de una amplia red de seguridad y protección social, entendida como un derecho humano, así como de políticas públicas que garanticen formas de trabajo decentes.

Afirmamos el feminismo como instrumento de la construcción de la igualdad, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sexualidad y el derecho a una vida libre de violencia. De la misma forma reafirmamos la urgencia de la distribución de la riqueza y del ingreso, del combate al racismo y al etnocidio, de la garantía del derecho a la tierra y al territorio, del derecho a la ciudad, al medio ambiente y al agua, a la educación, la cultura, la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación.

El fortalecimiento de diversas economías locales y de los derechos territoriales garantiza la construcción comunitaria de economías más vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sustentables locales, la solidaridad comunitaria, componentes vitales de la resiliencia de los ecosistemas. La diversidad de la naturaleza y su diversidad cultural asociada es fundamento para un nuevo paradigma de sociedad.

Los pueblos quieren determinar para qué y para quiénes se destinan los bienes comunes y energéticos, además de asumir el control popular y democrático de su producción. Un nuevo modelo enérgico que esté basado en energías renovables descentralizadas y que garantice energía a la población y no para las corporaciones.

La transformación social exige convergencias de acciones, articulaciones y agendas a partir de las resistencias y alternativas contrahegemónicas al sistema capitalista que están en curso en todos los rincones del planeta. Los procesos sociales acumulados por las organizaciones y movimientos sociales que convergieron en la Cumbre de los Pueblos indicaron los siguientes ejes de lucha:

·Contra la militarización de los Estados y territorios;

·Contra la criminalización de las organizaciones y movimientos sociales;

·Contra la violencia contra las mujeres;

·Contra la violencia a lésbicas, gays, bisexuales, transexuales y transgéneros;

·Contra las grandes corporaciones;

·Contra la imposición del pago de deudas económicas injustas y por auditorías populares de las mismas;

·Por la garantía del derecho de los pueblos a la tierra y al territorio urbano y rural;

·Por la consulta y consentimiento libre, previo e informado, basado en los principios de la buena fe y del efecto vinculante, según la Convención 169 de la OIT;

·Por la soberanía alimentaria y alimentos saludables, contra agrotóxicos y transgénicos;

·Por la garantía y conquista de derechos;

·Por la solidaridad con los pueblos y países, principalmente los amenazados por golpes militares o institucionales, como está ocurriendo ahora en Paraguay;

·Por la soberanía de los pueblos en el control de los bienes comunes, contra las tentativas de mercantilización;

·Por el cambio de la matriz y el modelo energético vigentes;

·Por la democratización de los medios de comunicación;

·Por el reconocimiento de la deuda histórica social y ecológica;

·Por la construcción del DÍA MUNDIAL DE HUELGA GENERAL.

Volvamos a nuestros territorios, regiones y países estimulados para construir las convergencias necesarias para seguir en lucha, resistiendo y avanzando contra el sistema capitalista y sus viejas y renovadas formas de reproducción.

¡De pié, continuamos en lucha!

Río de Janeiro, 15 al 22 de junio de 2012.

Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y ambiental en defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida

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