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Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia: entre la agresión y la esperanza

En la semana previa a la conmemoración del día nacional de los derechos humanos en Colombia, hechos preocupantes y esperanzadores han ocurrido en nuestro país para los defensores y defensoras de ddhh. Amenazas, atentados, allanamientos y otras agresiones dan cuenta del contexto adverso en el que desarrollan su trabajo. Todo esto en el marco de una semana en la que Gobierno y FARC se sientan a la mesa de diálogo y se entrega el Premio 2012 a la Defensa de ddhh en Colombia.

Defensores de derechos humanos | Derecho a la vida |

La última semana de agosto y primera de septiembre ha traído buenas y malas noticias para los defensores y defensoras de los ddhh en Colombia. El Programa Somos Defensores tuvo conocimiento de tres situaciones que nos llaman poderosamente la atención por la precisión y exactitud de la agresión de la que fueron víctimas 3 defensoras de ddhh y una organización de Medellín que tiene que ver con procesos importantes en sus regiones y tienen gran reconocimiento público por su trabajo por los derechos humanos. A continuación una breve descripción de los hechos:

Rosario Montoya; Sandra Manjarres y Martha Díaz – Fundación Infancia Feliz y AFUSODO / Barranquilla:

El sábado 24 de agosto de 2012 fue amenazada la defensora Rosario Montoya, integrante de la Fundación Infancia Feliz, por medio de un sobre a su nombre, con la nota de urgente y en su interior un sufragio (tarjeta de condolencias) firmado por el grupo paramilitar autodenominado “Águilas negras”; luego el martes 28 de agosto de 2012, la actual directora de la Fundación Feliz Sandra Manjarres , fue golpeada en su oficina por dos sujetos encapuchados, que ingresaron a la sede de la organización y registraron el lugar. Igualmente , el jueves 30 de agosto de 2012 fue amenazada Martha Díaz la presidenta de la Asociación de Familiares Unidos por un solo dolor (AFUSODO) y secretaria técnica del Capítulo Atlántico del MOVICE y del nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, por medio de correo electrónico en donde la declaran objetivo militar y la conminan a salir inmediatamente de la ciudad, en el mismo correo, amenazan a los organismos que acompañan a AFUSODO y hacen referencia a la organización Mujeres al Derecho.

Instituto Popular de Capacitación IPC – Medellín

Las directivas del Instituto Popular de Capacitación denunciaron públicamente el asalto a la sede de la organización, ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información sobre violaciones de derechos humanos. En las horas de la mañana del lunes 3 de septiembre, la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más donde se concentra información sobre derechos humanos del Observatorio del IPC, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet. El IPC es una reconocida organización No Gubernamental de ddhh de Antioquia, que documenta casos de violación a los ddhh e infracciones al DIH. IPC ha participado públicamente en las denuncias contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, por las 1.808 interceptaciones ilegales realizadas a ONG´s, defensoras de derechos humanos y líderes de oposición entre 1996 y 2001, época en la cual el entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de la policía del Valle de Aburrá.

Cabe resaltar que hace tan solo un mes, el Programa Somos Defensores publicó su más reciente informe sobre agresiones contra defensores y defensoras de ddhh en Colombia titulado “Un Camino Solitario” para el periodo enero – junio de 2012, el cual señala la agresión contra 163 defensores de ddhh en 6 meses, entre ellos 29 líderes y defensores asesinados.

Vea informe

Noticias Esperanzadoras

Recientemente la voluntad del Gobierno Nacional y las FARC por sentarse a la mesa de diálogo para encontrar salida negociada al conflicto armado pone de presente un escenario esperanzador para el ejercicio de defensa de derechos humanos, así como la entrega de la primera versión del “Premio a la Defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Diez Agencias Internacionales agrupadas en la Coordinación Diálogo Inter Agencial en Colombia –DIAL-, con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia Suecia, y con el respaldo de la Campaña “levántate! No más impunidad” han venido promoviendo la primera versión del “Premio Nacional a a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia”, que busca hacer un reconocimiento público a los Defensores y Defensoras de DD HH y de esta manera contribuir a la disminución de la estigmatización que hay sobre ellos y su trabajo, así como contribuir a generar a un ambiente más favorable a la legítima labor realizada por estos Líderes y Lideresas, Organizaciones Sociales, Colectivos y Comunidades.

Desde esta concepción las agencias premiarán algunas experiencias de vida que han optado de manera decidida por la defensa de los Derechos Humanos, en las siguientes categorías:

• Defensor o Defensora del año.

• Experiencia o Proceso colectivo del año.

• Reconocimiento “a toda una vida”.

El Jurado que evaluó las 28 postulaciones, provenientes de 13 departamentos del país, está integrado por personalidades de Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa, que representan diversas voces y sectores de la opinión pública, de la academia, los medios de comunicación, la literatura, investigadores sociales, artistas y conocedores de las realidades colombianas en el marco de los derechos humanos. Ellos son: Martha Bello; Amanda Romero; Doris Hernández; Lisa Hauggard; Dana Brown; Monseñor Héctor Fabio Henao; Ignacio Gómez; Bo Fosberg; Luis Alfonso Fajardo; Martín Almada; Víctor Abramovich.

La Ceremonia de Premiación tendrá lugar el próximo viernes 7 de septiembre de 2012 en el Auditorio Centro de Convenciones Planta Baja de Compensar, Av. 68 No. 49 A 47, Bogotá.

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Las agresiones continúan en contra de líderes y lideresas sociales y de Derechos Humanos

Como una forma de evidenciar y denunciar la continuación de las agresiones en contra de defensores(as) de derechos humanos, integrantes de los pueblos indígenas, sindicalistas, líderes reclamantes de tierras y víctimas de crímenes estatales, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, está convocando al acto simbólico: Las agresiones continúan…por la dignidad de las víctimas, el próximo 7 de septiembre de 2012, a la 1 p.m., en la Plaza Simón Bolívar de Bogotá

Defensores de derechos humanos | Bogotá D. C. |

Este acto se realizará con la presencia de delgados(as) regionales de las víctimas de crímenes estatales de todas las regiones del país y buscará poner en evidencia la falta de garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos en Colombia, en el marco del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En efecto, durante el gobierno del presidente Santos el Movice ha sufrido 186 agresiones por parte de paramilitares y agentes del Estado. Asesinatos, desapariciones forzadas, montajes judiciales, allanamientos, atentados, amenazas, seguimientos y otras formas de persecución se han utilizado como forma de intimidar a las víctimas.

Además, han sido asesinados 25 líderes reclamantes de tierras, 29 defensores y defensoras de derechos humanos, 54 integrantes de los pueblos indígenas, 58 sindicalistas.

El Movice exigirá la sanción penal y disciplinaria a los responsables de las continuas agresiones contra víctimas y reclamantes de tierra, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos y sociales; el desmantelamiento del paramilitarismo y depuración de las fuerzas militares y de los organismos de inteligencia del Estado; así como la suspensión de las actividades de inteligencia.

Así mismo, exigirá la publicación de los informes realizados por organismos de inteligencia para hostigar y desprestigiar a víctimas y reclamantes de tierra, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos y sociales; la renuncia de Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, por estar vinculado a acciones de inteligencia desarrolladas desde el Ministerio de Defensa y la derogación de la resolución 048 del 27 de julio de 2012, por restringir las medidas de protección para las víctimas y defensores(as) de derechos humanos.

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Comisión de salud: radicado proyecto de Ley estatutaria en salud de la csr y la alianza nacional por un nuevo modelo de salud

Nadie nos dijo que lo hiciéramos, pero lo hicimos

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social – CSR y la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud radicó hoy miércoles 29 de agosto del 2012 en Secretaría General del Senado su Proyecto de Ley Estatutaria en Saludéste fue avalado por los partidos políticos:

  • Partido Conservador
  • Alianza Social Indígena
  • Partido Verde
  • Polo Democrático Alternativo
  • Partido Liberal
  • Partido de Integración Nacional – PIN
  • Movimiento Mira

En la radicación del proyecto estuvieron presentes por el partido Polo Democrático Alternativo los senadores, Mauricio Ospina, Jorge Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez y el representante a la Cámara Wilson Arias y por el Partido Liberal el representante a la Cámara José Joaquín Camelo, igualmente en el recinto participaron miembros de las organizaciones que conforman la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 y la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud.

 

Los lineamientos básicos del Proyecto son: la salud como derecho humano fundamental y no como negocio, el Estado como garante del derecho, atención integral de la salud, eliminación de la intermediación financiera, prestación de servicios de carácter mixto, fondo público único con recursos fiscales y parafiscales; participación social efectiva – han logrado ya el respaldo de las organizaciones que integran la CSR y la Alianza que son diversas organizaciones profesionales, gremiales, sindicales, académicas, políticas y sociales.

Consciente de la gravedad de la crisis de la salud y de la importancia de la movilización social, la CSR y la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud hace público su pleno respaldo y compromete su participación efectiva en la Movilización de los días:

  • Septiembre 4 – Jornada nacional por el trabajo decente y por un nuevo modelo de salud y seguridad social.
  • Octubre 8 – Campamento por un nuevo modelo de salud.

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Cómo vigorizar la Defensoría del Pueblo

Por Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ

Diario El Espectador, jueves, 23 de agosto de 2012

Categoría: Documentos y publicaciones / Columnas de la Dirección

Así como “la guerra es demasiado seria para dejársela a los militares”, según decían Talleyrand y Clemenceau [1], la Defensoría es demasiado seria para dejársela a los políticos. La institución más cívica creada por la Constitución de 1991 debería ser una institución fuerte, que resonara cada vez que expresara los reclamos de la ciudadanía frente al abuso del poder.

Para eso se creó. Es una entidad estatal que no pertenece al Gobierno, y que tiene por mandato “la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” (art. 282). Debería ser muy respetada, reconocida por toda la gente como una gran autoridad, y buscada por cualquier víctima como un sitio seguro de refugio y de apoyo. No parece que se perciba así.

En parte ello se debe al origen del nombramiento del Defensor o la Defensora. Su escogencia se hace en la Cámara de Representantes en función de cálculos de cuotas de poder. El Defensor no debería ser cuota de nadie, sino simplemente el tutor de toda la población.

Pero, además de ese origen político, una vez elegido el Defensor se encuentra aislado. Quienes acuden a él son los parlamentarios o las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los parlamentarios, para pedirle puestos en contraprestación por el voto que contribuyó a su elección. Las víctimas, para reclamar protección. Pero ni unos ni otras son un referente verdadero de su acción, que se manifiesta a través de resoluciones defensoriales o de informes de riesgo del sistema de alertas tempranas, entre otros importantes medios.

Para conjurar esa soledad, la ley reglamentaria de la Defensoría (ley 24/92) le creó un Consejo Asesor “integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de cada Cámara Legislativa, un representante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, un representante de las universidades privadas, un delegado de la Federación Nacional de Personeros y cuatro voceros de las Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los derechos humanos” (art. 32). Ningún Defensor lo ha puesto en práctica, aunque el primero de ellos alcanzó a designar los voceros de las organizaciones no gubernamentales.

El Defensor debería no solo poner en funcionamiento el Consejo Asesor, en cumplimiento de la ley, sino proponer una ampliación de sus integrantes y de sus funciones, de tal forma que la Defensoría fortaleza su desempeño con la orientación y el respaldo de la sociedad civil [2]. Con acompañamiento de la comunidad internacional, ese Consejo transformado podría dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre derechos humanos y derecho humanitario formuladas al Estado colombiano. Igualmente, podría ser el escenario de concertación de las políticas públicas en derechos humanos. Sería una Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidad que este Gobierno ha propuesto que se cree, pero integrada a la Defensoría para robustecerla.

Quizás así el Defensor deje de ser una cuota de los partidos politicos y se convierta en un vigoroso abanderado de los derechos humanos para beneficio de la sociedad y bajo su veeduría directa.

Encuentre esta columna en Diario El Espectador
http://www.elespectador.com/opinion/

Referencias / Fuentes

[1] Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), Canciller de Napoleón, y Georges Clemenceau (1841-1929), primer ministro de Francia durante la primera guerra mundial. La frase de Clemenceau, similar a la de Talleyrand, transcrita en este texto, era: “La guerra es un asunto demasiado importante para ser dejada a los generales”.

[2] El Defensor del Pueblo tiene iniciativa legislativa, lo que le permite “presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia”, según el numeral 6º del artículo 282 de la Constitución.

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Carta abierta al presidente de Colombia

Indignación y rechazo frente a amenazas de muerte en contra de defensores de derechos humanos

12 de julio de 2012

Sr. Juan Manuel Santos Presidente de la República de Colombia

Señor Presidente,

Nosotros, representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de sus organizaciones miembro abajo firmantes, expresamos nuestra indignación y rechazo ante las amenazas de muerte en contra de trece defensores de derechos humanos y figuras públicas en Colombia, recibidas vía correo electrónico por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en fecha del 4 de julio de 2012.

Esta amenaza declara ”objetivo militar” a Soraya Gutiérrez, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y Vice Presidenta de la FIDH, Yessica Hoyos, integrante del CCAJAR, Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Jeison Paba, integrante del CPDH y del MOVICE, Iván Cepeda, fundador del MOVICE, Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y vocero del MOVICE, José Humberto Torres, abogado del FCSPP, Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE, Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Ayda Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex-Senadora Piedad Córdoba.

La amenaza va acompañada de la fotografía de cada una de estas personas, atribuyéndoles un número del 1 al 13, y dice lo siguiente: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no también hijueputas guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.

Condenamos vehementemente esta amenaza de muerte, que por su carácter personalizado y selectivo, además de causar un impacto muy negativo en el trabajo de los defensores de derechos humanos debido al terror psicológico que acarrea, reviste una particular gravedad en la medida en que, tal y como lo destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2011, “algunos de los asesinatos de defensoras y defensores ocurridos en 2011 fueron precedidos por notas de amenazas e intimidación que determinan a defensores y defensoras de derechos humanos o a sus organizaciones como objetivos de grupos paramilitares”1. Como es de su conocimiento, en el transcurso del año 2011, 49 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, y siete han sido víctimas de desaparición forzada. En lo que va del año 2012, 16 han sido asesinados, la mayoría vinculados a la reinvindación por la restitución de tierras.

Recordando que varias de las personas arriba señaladas benefician de medidas cautelares de la CIDH, le instamos, Señor Presidente, a que se tomen medidas urgentes de protección a favor de las trece personas amenazadas, así como a que se mejoren de manera estructural los programas de protección de defensores y defensoras en riesgo, garantizando su independencia y asignando los recursos financieros y humanos suficientes. Asimismo, urgimos a que se lleve a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas denunciadas, con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Si bien saludamos su reconocimiento de la existencia de grupos armados “anti-restitución”, la cual evidencia la persistencia de las estructuras paramilitares en Colombia, y su anunciada determinación en capturar a ciertos responsables del hostigamiento en contra de los campesinos reclamantes de tierras, nos preocupa gravemente que frente a las amenazas y ataques precedentes perpetrados en contra de defensores de derechos humanos, no avancen las investigaciones penales correspondientes. Ante esta situación, resulta de vital importancia que tanto el gobierno como la Fiscalía emprendan acciones contundentes de manera a poner fin a estos crímenes, y urgimos a que Usted, en su calidad de Presidente de la República, convoque una reunión de emergencia con los defensores de derechos humanos señalados y sus respectivas organizaciones.

Señor Presidente, confiamos en que Usted, al igual que se comprometió a “desarmar la palabra” hacia los defensores de derechos humanos, sepa actuar acorde con este principio, tomando las iniciativas apropiadas para que los defensores puedan ejercer libremente su legítima labor de promoción y defensa de los derechos humanos sin enfrentarse a perpetuos ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento y judicializaciones infundadas.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando que Usted tomará las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Usted respetuosamente.

Organizaciones firmantes: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comité de Acción Jurídica (CAJ) – Argentina Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) – Argentina Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) – Bolivia Observatorio Ciudadano (OC) – Chile Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) – Colombia Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) – Colombia Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) – Colombia Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) – Ecuador Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) – El Salvador Center for Constitutional Rights (CCR) – Estados Unidos Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) – Guatemala Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) – Guatemala Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) – México Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) – México Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú

Contacto de prensa: Arthur Manet (español, francés, inglés) Tel: +33 6 72 28 42 94 (París)

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Informe Especial sobre conflicto armado y DDHH en Colombia durante 2011

Ver el informe completo en:

http://issuu.com/cinepppp/docs/informe_especial_cinep_ppp_junio_2012

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