Archivo de la etiqueta: Constitución Política

Cómo vigorizar la Defensoría del Pueblo

Por Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ

Diario El Espectador, jueves, 23 de agosto de 2012

Categoría: Documentos y publicaciones / Columnas de la Dirección

Así como “la guerra es demasiado seria para dejársela a los militares”, según decían Talleyrand y Clemenceau [1], la Defensoría es demasiado seria para dejársela a los políticos. La institución más cívica creada por la Constitución de 1991 debería ser una institución fuerte, que resonara cada vez que expresara los reclamos de la ciudadanía frente al abuso del poder.

Para eso se creó. Es una entidad estatal que no pertenece al Gobierno, y que tiene por mandato “la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” (art. 282). Debería ser muy respetada, reconocida por toda la gente como una gran autoridad, y buscada por cualquier víctima como un sitio seguro de refugio y de apoyo. No parece que se perciba así.

En parte ello se debe al origen del nombramiento del Defensor o la Defensora. Su escogencia se hace en la Cámara de Representantes en función de cálculos de cuotas de poder. El Defensor no debería ser cuota de nadie, sino simplemente el tutor de toda la población.

Pero, además de ese origen político, una vez elegido el Defensor se encuentra aislado. Quienes acuden a él son los parlamentarios o las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los parlamentarios, para pedirle puestos en contraprestación por el voto que contribuyó a su elección. Las víctimas, para reclamar protección. Pero ni unos ni otras son un referente verdadero de su acción, que se manifiesta a través de resoluciones defensoriales o de informes de riesgo del sistema de alertas tempranas, entre otros importantes medios.

Para conjurar esa soledad, la ley reglamentaria de la Defensoría (ley 24/92) le creó un Consejo Asesor “integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de cada Cámara Legislativa, un representante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, un representante de las universidades privadas, un delegado de la Federación Nacional de Personeros y cuatro voceros de las Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los derechos humanos” (art. 32). Ningún Defensor lo ha puesto en práctica, aunque el primero de ellos alcanzó a designar los voceros de las organizaciones no gubernamentales.

El Defensor debería no solo poner en funcionamiento el Consejo Asesor, en cumplimiento de la ley, sino proponer una ampliación de sus integrantes y de sus funciones, de tal forma que la Defensoría fortaleza su desempeño con la orientación y el respaldo de la sociedad civil [2]. Con acompañamiento de la comunidad internacional, ese Consejo transformado podría dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre derechos humanos y derecho humanitario formuladas al Estado colombiano. Igualmente, podría ser el escenario de concertación de las políticas públicas en derechos humanos. Sería una Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidad que este Gobierno ha propuesto que se cree, pero integrada a la Defensoría para robustecerla.

Quizás así el Defensor deje de ser una cuota de los partidos politicos y se convierta en un vigoroso abanderado de los derechos humanos para beneficio de la sociedad y bajo su veeduría directa.

Encuentre esta columna en Diario El Espectador
http://www.elespectador.com/opinion/

Referencias / Fuentes

[1] Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), Canciller de Napoleón, y Georges Clemenceau (1841-1929), primer ministro de Francia durante la primera guerra mundial. La frase de Clemenceau, similar a la de Talleyrand, transcrita en este texto, era: “La guerra es un asunto demasiado importante para ser dejada a los generales”.

[2] El Defensor del Pueblo tiene iniciativa legislativa, lo que le permite “presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia”, según el numeral 6º del artículo 282 de la Constitución.

Deja un comentario

Archivado bajo Noticias

Foro Nacional por Colombia ante el hundimiento de la reforma a la justicia

A lo largo del trámite de la reforma a la justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los inconvenientes de varios artículos incluidos en esa iniciativa legislativa y de la forma como se fue tramitando y concertando. De hecho el punto de partida no podía ser peor: una reforma constitucional en el 2011 que habilitó a congresistas con problemas con la justicia para hacer modificaciones a la Carta y poder así votar sobre temas que los podían favorecer.

A partir de allí nada podía ir bien, como efectivamente sucedió. Aunque dicho Acto Legislativo se encuentra demandado, en el transcurso del trámite a la reforma otros actores también fueron sumando privilegios: mientras magistrados de las altas cortes negociaron aumentos en sus periodos y en su edad de jubilación, el gobierno logró el afianzamiento de mayorías en el Congreso y el favor de las Cortes, abriendo paso a su posible relección.

En medio de todo este festín de privilegios, la Constitución Política, la democracia colombiana y el ciudadano común y corriente, salieron mal librados. Pocos son los beneficios y los temas que pueden salvarse y muchos los acuerdos que tendrían un efecto nefasto para el país, tal y como lo han señalado ex-constituyentes, organizaciones, medios de comunicación, estudiosos y ciudadanos en general (ver por ejemplo http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3055-reforma-a-la-justicia-indignados-y-movilizados.html). “Impunidad”, “vergüenza”, “horror”, son expresiones que ha generado el articulado de la reforma.

En medio de la pasividad de la mayoría de la sociedad,unos pocos sectores de la sociedad civil y de la oposición política, siguieron levantando la voz de protesta. Hasta el pasado jueves, cogidos “con las manos en la masa”, las posibilidades del engendro de los diferentes poderes fueron demasiado evidentes y llevaron a otros actores a pronunciarse. El grotesco gesto de la conciliación fue, sin embargo, un paso adelante en un proceso de favorecimientos que ya se había desatado.

Asistimos ahora a una cadena de excusas y de evasivas y a la búsqueda- a como dé lugar- por parte de los encargados de tomar las decisiones sobre el tema, de una salida para evitar la aplicación de la reforma. Si bien coincidimos en que ésta sería completamente nociva, el hundimiento, adoptado por el ejecutivo y el Congreso, solo puede verse como una reacción a la movilización y la protesta de la sociedad civil.

Aunque esta medida se ofrece como una tabla de salvación con la que todos aparecen satisfechos, Foro Nacional por Colombia considera que ahora más que nunca es necesario seguir apoyando el referendo y a sus promotores, como un mecanismo a través del cual la clase política y otros actores involucrados en el acuerdo sientan que existe vigilancia y seguimiento sobre sus actos. De igual manera, el hecho de que sobre el hundimiento se esté presentando un manto de dudas jurídicas, implica que se debe seguir en alerta hasta tanto no se tenga certeza de que ninguna de las medidas incluidas en esta reforma entra a regir en el futuro.

De ninguna manera consideramos viable la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta es más bien la alternativa de quienes quieren “pescar en río revuelto”. Abrir esta puerta puede dar píe a nuevos intentos de desmonte de la Constitución de 1991 y de conseguir por esta vía lo que no se logró con el referendo releccionista que se impulso en el anterior gobierno.

Aunque más lenta, nuestra apuesta es nuevamente por fortalecer la institucionalidad democrática. Este ejercicio de movilización social y ciudadana debe terminar con el establecimiento de una serie de sanciones morales y penales a los congresistas y funcionarios del Congreso implicados. Las investigaciones sobre los vínculos de políticos con actores ilegales deben continuar. La justicia se debe depurar y fortalecer. El establecimiento de una Mesa por la Reforma a la Justicia, con representación de diversos sectores de la sociedad civil y el sistema judicial puede ser una opción a considerar. Desde allí la sociedad organizada podría presionar la reforma que realmente necesita el país, la cual debe cerrarse, de entrada, a todos los intentos de contrarreforma política y de impunidad que permanecen agazapados desde diversos sectores del Congreso.

Adicionalmente temas como la relección y el restablecimiento del equilibrio de poderes deberían estar en la agenda del país, así como la apuesta por el fortalecimiento de la ciudadanía, única posibilidad para crear contrapoder y arrebatarle a la clase corrupta lo que por apatía y desencanto el pueblo soberano ha venido perdiendo.

Autor: Clara Rocio Rodríguez

Correo electrónico: crodriguez@foro.org.co

Deja un comentario

Archivado bajo Noticias