La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte que han recibido diferentes integrantes de organizaciones de derechos humanos, en particular organizaciones de mujeres, y lideresas que trabajan por los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y la búsqueda de la paz en el país.
“Reitero la necesidad urgente de investigar, juzgar y sancionar a aquellas personas responsables de las amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos, y saludo el compromiso expresado por la Fiscalía General de la Nación de investigar estas a amenazas, atentados e intimidaciones”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
“La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es considerada un avance”, añadió. “De igual forma, la Marcha Patriótica, llevada a cabo por personas civiles e integrantes de organizaciones que creen en las posibilidades de paz, es un espacio para la reflexión y la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado”, explicó Howland.
Desde hace varias semanas, la Oficina ha conocido amenazas de muerte, en particular transmitidas a través de panfletos firmados por “Los Rastrojos” y “Las Águilas Negras”, en las cuales se hostiga a personas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos, la restitución de tierras o que hacen parte de la Marcha Patriótica. En ambos casos, muchas mujeres dirigen, participan e impulsan estos movimientos y procesos.
Además, en los últimos dos meses, en varias regiones del país, la Oficina ha recibido quejas según las cuales grupos armados ilegales han atacado, atentado o amenazado a defensores y defensoras de derechos humanos.
“Condeno, en nombre de la Alta Comisionada, las amenazas de muerte, los atentados y la intención de intimidar a defensoras y defensores de derechos humanos por parte de estos grupos armados ilegales”, dijo el Representante de la Alta Comisionada.
“Insisto –añadió- en la obligación del Estado de proteger a las defensoras de derechos humanos a través del desarrollo de medidas de protección e investigación efectivas, y con enfoque de género, que garanticen su seguridad e integridad, lo mismo que las de sus hijas, hijos y familiares. La protección integral requiere una respuesta coordinada del Estado y medidas estructurales para enfrentarla y prevenir estos ataques”.
Por último la Oficina reitera a quienes amenazan de muerte a estas personas en Colombia que tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas en el país, en particular de las mujeres.
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