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Cómo vigorizar la Defensoría del Pueblo

Por Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ

Diario El Espectador, jueves, 23 de agosto de 2012

Categoría: Documentos y publicaciones / Columnas de la Dirección

Así como “la guerra es demasiado seria para dejársela a los militares”, según decían Talleyrand y Clemenceau [1], la Defensoría es demasiado seria para dejársela a los políticos. La institución más cívica creada por la Constitución de 1991 debería ser una institución fuerte, que resonara cada vez que expresara los reclamos de la ciudadanía frente al abuso del poder.

Para eso se creó. Es una entidad estatal que no pertenece al Gobierno, y que tiene por mandato “la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” (art. 282). Debería ser muy respetada, reconocida por toda la gente como una gran autoridad, y buscada por cualquier víctima como un sitio seguro de refugio y de apoyo. No parece que se perciba así.

En parte ello se debe al origen del nombramiento del Defensor o la Defensora. Su escogencia se hace en la Cámara de Representantes en función de cálculos de cuotas de poder. El Defensor no debería ser cuota de nadie, sino simplemente el tutor de toda la población.

Pero, además de ese origen político, una vez elegido el Defensor se encuentra aislado. Quienes acuden a él son los parlamentarios o las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los parlamentarios, para pedirle puestos en contraprestación por el voto que contribuyó a su elección. Las víctimas, para reclamar protección. Pero ni unos ni otras son un referente verdadero de su acción, que se manifiesta a través de resoluciones defensoriales o de informes de riesgo del sistema de alertas tempranas, entre otros importantes medios.

Para conjurar esa soledad, la ley reglamentaria de la Defensoría (ley 24/92) le creó un Consejo Asesor “integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de cada Cámara Legislativa, un representante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, un representante de las universidades privadas, un delegado de la Federación Nacional de Personeros y cuatro voceros de las Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los derechos humanos” (art. 32). Ningún Defensor lo ha puesto en práctica, aunque el primero de ellos alcanzó a designar los voceros de las organizaciones no gubernamentales.

El Defensor debería no solo poner en funcionamiento el Consejo Asesor, en cumplimiento de la ley, sino proponer una ampliación de sus integrantes y de sus funciones, de tal forma que la Defensoría fortaleza su desempeño con la orientación y el respaldo de la sociedad civil [2]. Con acompañamiento de la comunidad internacional, ese Consejo transformado podría dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre derechos humanos y derecho humanitario formuladas al Estado colombiano. Igualmente, podría ser el escenario de concertación de las políticas públicas en derechos humanos. Sería una Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidad que este Gobierno ha propuesto que se cree, pero integrada a la Defensoría para robustecerla.

Quizás así el Defensor deje de ser una cuota de los partidos politicos y se convierta en un vigoroso abanderado de los derechos humanos para beneficio de la sociedad y bajo su veeduría directa.

Encuentre esta columna en Diario El Espectador
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Referencias / Fuentes

[1] Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), Canciller de Napoleón, y Georges Clemenceau (1841-1929), primer ministro de Francia durante la primera guerra mundial. La frase de Clemenceau, similar a la de Talleyrand, transcrita en este texto, era: “La guerra es un asunto demasiado importante para ser dejada a los generales”.

[2] El Defensor del Pueblo tiene iniciativa legislativa, lo que le permite “presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia”, según el numeral 6º del artículo 282 de la Constitución.

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Cumbre Nacional de secretarios de salud. Motivada por la crisis de los hospitales

Los Secretarios de Salud Departamentales, Municipales y del Distrito Capital nos reunimos de emergencia en la ciudad de Bogotá presionados por la insostenible crisis económica de nuestros hospitales y demás prestadores, crisis cuya causa principal es el actual sistema de salud considerado un negocio para los intermediarios. La cumbre se realizó ante la negativa de los distintos gobiernos a realizar cambios estructurales a un sistema que hace agua y ha cobrado muchas vidas.
DECIDIMOS:
1. Asumir directamente y sin reservas, de manera responsable y unificada con nuestros gerentes y trabajadores, la defensa de la salud como derecho fundamental de los colombianos, la existencia de nuestros hospitales y la exigencia del pago inmediato de las deudas de las EPS que hoy superan los cuatro billones de pesos, sin incluir las glosas ocultas.
2. Exigir, como lo plantean los señores ex ministros de salud en su declaración del pasado 12 de junio, cambios estructurales y de fondo al actual sistema de salud basado en el ánimo de lucro, y rechazar los remiendos de reforma que sólo favorecen y fortalecen la intermediación.
3. Requerir a la Nación que pague a los prestadores las deudas de las EPS quebradas, insolventes o intervenidas, y que no permita que los recursos de las glosas hagan parte del patrimonio de las EPS, sino que estos se reviertan al Sistema.
4. Solicitar a la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social y organismos pertinentes, revocar la habilitación de operación a las EPS que presenten una cartera superior a 180 días en el Territorio Nacional, pues su permanencia en calidad de morosas quiebra a las entidades.
5. Reconocer la función social indelegable e insustituible que prestan las Empresas Sociales del Estado, contraria al ánimo de lucro. Reconocer la urgente necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria, de humanizar el servicio y de dignificar el trabajo.
6. Organizar en cada municipio de nuestros departamentos y el Distrito Capital comités para la defensa de la salud, involucrando en ellos a todos los sectores comprometidos con la salud como máximo interés general y vital de los colombianos.
7. Conformar una comisión que a nivel nacional recoja los aportes e inquietudes de diferentes sectores con el fin de estructurar un nuevo sistema de salud, que será presentado al Congreso de la República directamente o como resultado de un referendo ordinario u obligatorio.
8. Convocar a todos los sectores sin distinción política, económica, cultural, creencia, raza, etnias, edad, etc., a la movilización nacional del próximo 19 de julio para salvar nuestros hospitales, exigir la terminación del oprobioso sistema de intermediación y requerir cambios a las estructuras del Sistema de Salud. Se concentrarán esfuerzos en las capitales de departamentos, en el resto de ciudades se harán movilizaciones o plantones en los hospitales públicos.
9. Advertir a Organismos Internacionales, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a defensores de los Derechos Humanos sobre la próxima y más grande violación al derecho a la salud y a la vida en Colombia, de no tomarse las medidas urgentes que demanda la crisis hospitalaria para resolver de manera inmediata el grave estado de iliquidez y de no disponer la voluntad política para cambiar el régimen de salud.
10. Realizar en cada departamento actos, asambleas, foros y otras actividades tendientes a socializar las causas de la crisis de la salud, evidenciar las dificultades actuales de los hospitales y advertir sobre las consecuencias en caso de no buscar solución inmediata a los problemas que aquejan al sector.
11. Señalar públicamente el impacto negativo que implica en lo económico, social y en la congestión de las urgencias, para la Red Hospitalaria, la unificación del POS-S al POS-C, sin que se garantice el acceso, oportunidad, continuidad e integralidad en los servicios y la suficiencia de recursos.
12. Convocar dentro de los próximos dos meses un encuentro nacional de gerentes, secretarios de salud departamentales y municipales, e invitar a que hagan parte de la convocatoria, coordinación y preparación de dicho encuentro a las federaciones de departamentos y de municipios, así como a las organizaciones más representativas del sector salud.
13. Manifestar nuestra coincidencia con las siguientes declaraciones: 1. Del Presidente Juan Manuel Santos cuando dice “la salud no puede ser un negocio… la salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas soluciones” (12 de agosto de 2011-Heraldo; agencia de noticias de la presidencia de la república) 2. De los ex ministros de Salud: “la salud se ha convertido en un negocio y sus estructuras se han acondicionado al ánimo de lucro antes que a la garantía del derecho a la vida y la salud, se hace necesario su reforma estructural de fondo” 3. De la Procuraduría General de la Nación: “La Corte Constitucional debe declarar todo el sistema de salud estado de cosas inconstitucional porque le interesa más la rentabilidad económica que la defensa de los derechos humanos (informe 2008)” 4. De la Contraloría General de la Nación: “Se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación…. el Estado Colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene cómo hacer control…. más del 50% de los recursos de la salud se desvía de manera indebida para el lucro privado” (10 de mayo 2012, 2ª audiencia de seguimiento a la sentencia 760 de 2008) 5. De la Corte Constitucional: “El Sistema pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos en este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado” (Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760, mayo 10 de 2012).
14. Nombrar como comité coordinador provisional de las acciones futuras a los secretarios de salud o sus delegados asistentes a esta cumbre.

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